Procurador deberá decidir si investiga, archiva o declina el caso de filtración de fallo a la Asamblea Nacional

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, dijo que aún no ha analizado la petición del magistrado Cecilio Cedalise de que interponga la denuncia por la filtración de proyectos de fallos de ese máximo tribunal.

Fábrega dijo que, por las ocupaciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebró esta semana en Panamá, no ha tenido tiempo para atender la solicitud de Cedalise, pero lo hará la otra semana.

Todo indica que un magistrado de la Corte filtró a los medios el proyecto de fallo sobre la inconstitucionalidad de no imputar antes de una acusación.

Cedalise -al circular su ponencia- estableció una encriptación distinta para cada despacho del resto de los ocho magistrados, a fin de detectar una posible filtración.

No se descarta que se pida al procurador encargado, Javier Caraballo, un peritaje para comparar el fallo que se hizo público con la copia entregada a cada magistrado.

El jefe del Ministerio Público deberá decidir si investiga, si archiva o si declina el caso a la Asamblea Nacional.

En otro aspecto, Luis Ramón Fábrega, al ser preguntado sobre los cuestionamientos del exmagistrado Harry Díaz de alegar que, si se objeta su decisión de no imputar antes de acusar, sería un caso de corrupción, dijo que no iba a perder palabra ni tiempo y si alguien sabe de casos de corrupción que vaya y haga la denuncia respectiva en las instancias correspondientes.

Nueve abogados le pidieron al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que tome las medidas necesarias para que los recursos legales que interponga el expresidente Ricardo Martinelli, sean analizados sin "presiones o coacciones" de medios de comunicación social y personas que mantienen intereses ajenos o extraprocesales.

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En una carta enviada al presidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega, los abogados que representan a Martinelli en diferentes procesos también solicitan que al exgobernante se le respete el derecho a contar con un Tribunal independiente e imparcial como lo dictan las normas internacionales de derechos humanos.

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