Absolución en caso de Panama Papers deja en evidencia al Ministerio Público

La absolución de los acusados en el caso de los Panama Papers no solo cerró, en primera instancia, un proceso penal de gran repercusión internacional, sino que reabrió interrogantes sobre la actuación del Ministerio Público (MP) y el impacto que tuvo el caso sobre la imagen de Panamá. Cabe recordar que la investigación se originó tras la filtración de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca y el proceso llegó a juicio después de años de investigación.

Para el abogado Basilio González, la principal debilidad de la imputación y acusación del Ministerio Público en este caso fue que los hechos investigados no constituían delitos.

"Eso quedó demostrado desde la providencia indagatoria", sostuvo González.

Agregó el jurista que así lo estableció el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la jueza de primera instancia y ahora el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales mediante la sentencia absolutoria de 558 páginas.

El fallo se basó en la Ley 9 de 1984, que regula la profesión de abogado, y la Ley 2 de 2011, que en su artículo 17 indica que el agente residente no es culpable por la utilización de sociedades anónimas, aunque el dueño haya sido condenado en materia penal, civil o administrativa por su utilización.

González aclaró que esta investigación recae únicamente en la administración de la exprocuradora Kenia Porcell, pero que el Ministerio Público quizás siguió instrucciones de personas ajenas para exterminar una firma de abogados que aportaba el 1% del producto interno bruto de Panamá.

Según González lo que se imponía en estricto derecho era una vista fiscal con un sobreseimiento definitivo cuatro meses después de haberse conocido la noticia.'

El tres de abril de 2016 se divulgaron 11.5 millones de documentos confidenciales de la firma Mossack Fonseca.

Los documentos mostraban cómo se utilizaban firmas offshore para ocultar bienes y cuentas en paraísos fiscales.

Para marzo de 2018, el bufete anunció el cese de sus operaciones tras el impacto de revelaciones.

En marzo de 2024, un tribunal de primera instancia dictó sobreseimiento absolutorio a los implicados en este caso luego de detectarse problemas en la cadena de custodia de las pruebas digitales obtenidas.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Araúz, señaló que el daño reputacional por este caso fue profundo y todavía persiste.

Araúz, explicó que Panamá quedó asociado internacionalmente con la opacidad, la evasión fiscal y las actividades ilícitas, generando un daño reputacional que, a su juicio, trascendió las responsabilidades que podían atribuirse individualmente a determinadas personas.

Según plantea el abogado, la absolución dictada tras años de investigación debería formar parte de la historia internacional de los Panama Papers, aunque reconoce que su impacto mediático no fue comparable con el que tuvo la filtración original.

A su juicio, una investigación periodística puede revelar hechos de interés público y generar investigaciones, pero no sustituye la prueba judicial ni equivale por sí misma a una sentencia penal. Para recuperar la confianza internacional, considera que Panamá debe combinar mayores estándares de transparencia y prevención del blanqueo de capitales.