A pesar de que la Asamblea Nacional (AN) se prepara para iniciar consultas a nivel nacional al paquete de reformas a la Carta Magna que preparó el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, constitucionalistas, abogados independientes y activistas de organizaciones populares advierten que este proyecto carece de respaldo constitucional, por lo que su llamado al pueblo no es para que se acerquen al hemiciclo parlamentario a dar aportes, sino a unir fuerzas para rechazar de plano estas discusiones.

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Desde su campaña electoral, el actual presidente de la República, Laurentino Cortizo, prometió que las esperadas reformas a la Constitución las haría en su gobierno con base en la mesa de diálogo y de consensos de la Concertación Nacional, instancia de la sociedad civil con marcada presencia de agrupaciones empresariales, pero con representación también de otros sectores.

Y sin mayor oposición por esta prerrogativa legal autoinvocada, el Consejo de la Concertación avanzó en su "anteproyecto de acto constitucional que reforma la Constitución Política de la República de Panamá", el cual entregó al presidente Laurentino Cortizo el pasado 15 de julio.

"Que se haya organizado un acto en el Palacio de las Garzas para la entrega de este documento, no lo limpia de haber sido una atribución al margen de la Constitución. De hecho, la propia Constitución no le da [al grupo de la Concertación] para nada, ni en asomo, esas funciones", explicó a Panamá América el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.

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Y el jurista agrega que "el error se agrava cuando el Ejecutivo toma la propuesta de la mano de estos señores, las hace suyas sin ninguna observación, y las envía a la Asamblea".

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Con la posición de Miguel Antonio Bernal coinciden otros abogados, quienes aportan al debate lo establecido en el Título XIII de la Constitución vigente de Panamá.

Allí, en su artículo 313 señala: "La iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia".

En este sentido, Olmedo Beluche, sociólogo, educador y politólogo, opina que la Concertación Nacional para el Desarrollo se ha excedido en sus funciones.

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Alfredo Graell, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), es más directo, y califica de "ilegítima" la propuesta que elaboró esta instancia, y que fue pasada íntegra para su discusión en la Asamblea.

Graell recuerda que la ley que estableció la Concertación no está mandatada para presentar ningún proyecto de reformas constitucionales. "Pero peor aún, de los 22 sectores que la componen, muchos de ellos plantearon sus disensos, o sea que no estuvieron de acuerdo con el proyecto que ahora se encuentra en la Asamblea".

Y aunque ya la Comisión de Gobierno de la Asamblea ha anunciado que se trasladará en sesiones por toda la geografía nacional en busca de aportes, el abogado Miguel Antonio Bernal insiste en que ya todo está hablado.

"Los diputados no tienen ni arte ni parte, porque esto ya viene pactado entre la empresa privada y el gobierno del presidente Cortizo, para que se apruebe como se mandó", opinó el letrado.

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