Panamá
En muchos casos se ha podido comprobar que no hubo dolo, y se presentó queja ante el Tribunal Electoral por la forma como se comportaron los defensores de oficio de la entidad con los afectados.
Las candidaturas independientes han masificado la oferta que se le presenta a los habilitados para votar, en los últimos comicios. Foto: Archivo
Luego de conocerse sobre supuestos abusos a derechos humanos de precandidatos y candidatos por libre postulación, así como activistas de estos, denunciados por presuntamente falsificar firmas de apoyo de personas fallecidas, finalmente, estos casos están siendo revisados.
Hace dos semanas, voceros de los afectados se reunieron con el fiscal general electoral, Dilio Arcia, a quien le explicaron los percances sufridos, y se acordó que siempre y cuando no haya una situación de dolo en la que se demuestre que la persona falsificó las firmas, el destino de estos procesos es el archivo.
José Luis Santamaría, del grupo Independientes por Panamá, explicó que en la mayoría de los casos, las personas no querían dar su nombre y no presentaban sus cédulas, al momento de solicitarles sus firmas de respaldo.
"Tu confiabas y te firmaban así en muchas partes del país, pero casi ningún candidato iba con la intención de falsificar una firma, porque los que participaban lo hacían a su costo y riesgo", argumentó.
En la revisión de los expedientes se observó que esta situación era una constante a nivel nacional, por lo que se decidió iniciar un proceso a fin de que las personas que hayan sido señaladas por cada una de las direcciones provinciales del Tribunal Electoral, se les diera sobreseimiento y se archivaran sus casos.
Todavía quedan 105 personas con procesos en desarrollo, por lo que esta semana se reunirán, nuevamente, con el fiscal para ver cómo han avanzado estos casos.
Se conoció de más de 5,000 expedientes abiertos por estas irregularidades, sin embargo, hasta el momento, más de 300 candidatos tienen sentencias en firme y a 47 se les castigó con la inhabilitación para ejercer funciones públicas.'
En la reciente discusión de las reformas electorales se intentó regresar a lo dispuesto para el torneo de 2014, cuando a los candidatos independientes se les prohibía que entre sus firmas de respaldo hubiera la de personas inscritas en partidos políticos, propuesta que no se concretó, al final.
No solo precandidatos y candidatos enfrentaron procesos legales por listas de apoyo con firmas de difuntos, sino también activistas que ayudaron a estos a recolectar las rúbricas.
Sindicados denunciaron que los fueron a buscar a sus casas, con orden de conducción y se les coaccionaban para que reconocieran el delito, con la promesa de una rebaja de pena.
También, la semana pasada, se efectuó otra reunión con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, a quien se le presentó una queja por la forma como se comportaron los defensores del oficio de esa institución para dilucidar estos casos.
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"No ejercieron su rol de cumplir con una defensa efectiva; no lo hacían y le sugerían a la persona llegar a un acuerdo de pena. Aunque sean pagados por el Estado, tienen que hacer la defensa lo mejor posible, como si fuera un cliente que les está pagando", sostuvo Santamaría, quien agregó que el magistrado se comprometió a hacer los correctivos.
En ese encuentro, también se le hizo la observación de la lesión que se le ha causado a las candidaturas por libre postulación, porque las personas no van a querer correr por temor a que les ocurran situaciones similares, así como habrá problemas para buscar activistas que ayuden con la recolección de firmas.
"De por sí, las reglas son desfavorables; ahora vemos como un sistema, al final, te está esperando con unas esposas", planteó.
En las últimas elecciones, los que aspiraron a correr por libre postulación para todos los cargos, presentaron un millón 641 mil 811 firmas de respaldo que fueron validadas.
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