PANAMÁ
En los próximos días el gremio docente presentará una denuncia formal ante la Corte Interamericana.
Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), manifestó que la lucha gremial no termina con estas destituciones. Foto. Archivo
La decisión del Ministerio de Educación (MEDUCA) de destituir a 39 educadores de la provincia de Veraguas continúa generando reacciones y debate en la opinión pública. La medida se da por la asistencia de los docentes a la pasada huelga nacional convocada por gremios magisteriales en defensa de los derechos ciudadanos y en rechazo a la actividad minera en el país.
La medida ha causado sorpresa entre los sectores educativos, especialmente tras conocerse recientes fallos judiciales favorables a los maestros y profesores involucrados en las protestas.
Sin embargo, el MEDUCA sostiene que las destituciones obedecen a un presunto abandono de los cargos durante el período de la huelga.
Ante este escenario, Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), manifestó a este medio que la lucha gremial no termina con estas acciones administrativas y aseguró que continuarán utilizando los mecanismos legales correspondientes para defender a los docentes afectados.
“Esta es apenas una parte del proceso. Ahora más que nunca existe la firme decisión de seguir adelante y hacer las cosas correctamente. El caso debe continuar su curso en las instancias que correspondan”, expresó Sánchez.
Denuncia ante la Corte Interamericana
El dirigente anunció además que en los próximos días presentarán una denuncia formal ante la Corte Interamericana, instancia donde, según indicó, las actuales autoridades y gobernantes deberán responder por las decisiones adoptadas.
Sánchez defendió la participación de los educadores en la huelga, argumentando que las acciones desarrolladas buscaban proteger derechos que afectan a toda la ciudadanía.
Asimismo, manifestó su confianza en que finalmente prevalecerán los argumentos de los docentes.
Mientras tanto, el caso mantiene la atención de diversos sectores del país y podría derivar en nuevas acciones legales y pronunciamientos por parte de organizaciones educativas y de derechos humanos.
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