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Dueños de buses colegiales protestarán en Coclé para exigir respuestas

Esperan que el gobierno estudie una serie de sugerencias que tienen para enfrentar la situación financiera en que los ha puesto la pandemia.

Redacción/provincias.pa@epasa.com/@PanamaAmerica - Actualizado:

Realizarán una caravana a tres alcaldías y a la sede de la gobernación.

Transportistas de colegiales del país afiliados y no afiliados a la Cámara Nacional de Transportistas Colegiales (Canatracol) realizarán protestas en Penonomé, Natá y Aguadulce con la participación de miembros de diferentes provincias para entregar una petición para que les busquen una opción como podría ser la  “congelación de los préstamos” mientras dure la pandemia.

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De no ser así, esperan que el gobierno adquiera el compromiso con los bancos e instituciones financieras del pago de las deudas por financiamientos de los vehículos o la compra de la cartera morosa de préstamos de los colegiales para por medio de préstamos blandos con intereses bajos en los bancos nacionales se pueda pagar la deuda.

Según los transportistas la “grave situación” que atraviesa su gremio se debe a “la política deshumanizante de los bancos e instituciones financieras, las aseguradoras, así como por la actitud de abandono y desinterés del gobierno para atender nuestra problemática que amenaza con hacernos desaparecer”.

Los transportistas anunciaron que las protestas iniciarán el 13 de abril a las 9:00 a.m. en la parroquia de San Martín de Porres en la comunidad de Miraflores en la ciudad de Penonomé a donde asistirán a la celebración de una eucaristía.

Finalizado el oficio religioso, realizarán una conferencia de prensa en la terminal de Penonomé a las 10:00 de la mañana.

Luego partirán en una caravana hacia la sede de los municipios de Penonomé, Natá y Aguadulce, además de la gobernación de la provincia de Coclé en donde entregarán su pliego de aspiraciones.

Los transportistas igualmente presentarán, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recursos a fin de lograr medidas de protección de derechos de carácter humanitario y económico que sean obligatorias para el Gobierno Nacional.

En la actualidad existen desde marzo de 2020 aproximadamente 5,966 transportistas afectados directamente, además de sus familiares ya que no reciben ningún ingreso.

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Aseguran que los bancos, financieras y Cooperativas les han informado que deben entregar sus unidades cuyos préstamos presentan morosidad.

Agregan que las aseguradoras les cobran la totalidad de las pólizas sin haber utilizado el bus durante todo el año.

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