Panamá
A juicio de los religiosos, el marco legal panameño cuenta con suficientes normas que protegen a los adultos mayores, así como otras que adoptan medidas para prohibir actos discriminatorios.
El pasado 12 de abril, miembros de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia expresaron su rechazo a las convenciones.
Otra fuerza viva de la sociedad mostró su inconformidad con los convenios presentados recientemente a la Asamblea Nacional por la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes para ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
En esta ocasión, la Alianza Evangélica de Panamá, en carta enviada al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, no ve justificación legal para que Panamá como Estado soberano ratifique estos convenios si hay normas existentes en nuestra legislación contra el racismo y la protección de los adultos mayores.
En este sentido, mencionan que está la Ley 36 de 2016, modificada por la Ley 149 de abril de 2020, la cual dicta políticas de protección y hasta tipifica delitos contra actos de violencia contra los adultos mayores, así como la Ley 7 de febrero de 2018, que adopta medidas para prohibir actos discriminatorios.
Los evangélicos cuestionan cuatro artículos de estas convenciones que bajo estos conceptos generales, esconden planteamientos de la ideología de género.
"Genera sospecha sobre el genuino interés de presentar sendos instrumentos jurídicos, cuando incluye temas que no aborda la realidad de los adultos mayores, sino que insisten por nuevas vías legales, introducir temas que nuestro marco legal ya tiene definido de forma clara, al valorar la dignidad del hombre y la mujer desde un punto de vista natural y biológico y no desde construcciones sociales", argumentaron.
Agregaron que en la actualidad solo 5 de los 35 Estados del continente se han adherido a estas convenciones, lo que indica que hay una idea mayoritaria de independencia y dignidad de naciones soberanas que no están dispuestas a someterse a ideas e imposiciones violatorias del derecho interno y la idiosincrasia de sus pueblos.
Finalmente, la Alianza Evangélica advirtió que se mantendrán vigilantes de los pasos que tomen los diputados con respecto a la ratificación de estos convenios, los cuales rechazan.'
En su artículo 9 contempla que "los Estados partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades".
En su artículo 12, el convenio estipula que los Estados partes se comprometen a llevar adelante estudios sobre la naturaleza, causas y manifestaciones del racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia en sus respectivos países.
El artículo 5 del convenio dispone que los Estados desarrollarán enfoques específicos en sus políticas sobre envejecimiento, en relación con la persona mayor víctima de discriminación, incluidas personas de diversas orientaciones sexuales.
De esta forma, los religiosos se suman a la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, que el pasado 12 de abril se pronunciaron en contra de estos decretos.
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"Queremos que los diputados sepan que deben estudiar y ver esos tratados para que no vayan en contra de las costumbres y las leyes panameñas", expresaron los dirigentes de este grupo de organizaciones.
Los proyectos 584 y 585 presentados por la canciller Mouynes el pasado 17 de marzo, se encuentran para su debate en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea.
Hay diputados como Zulay Rodríguez que han expresado su rechazo abierto a estos convenios.
Por el momento, dicha comisión no ha llamado a sesión para abordar estos proyectos y, a escasos seis días para que concluya el segundo periodo de sesiones, no se espera que los discutan.
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