Cerca de mil migrantes esperan entrar a Panamá desde Colombia para seguir a Estados Unidos
Estos inmigrantes han tenido diferencias con las autoridades colombianas, puesto que se niegan a recibir ningún tipo de atención, como medida de presión para que les permitan proseguir su rumbo.
Hay migrantes varados en ambas fronteras panameñas.
La situación migratoria en Panamá podría complicarse en los próximos días, debido a que cerca de mil indocumentados que están varados en Colombia están esperando que las autoridades de ambos países decreten la apertura de sus fronteras, cerradas por la pandemia de covid-19.
La agencia EFE informó que cerca de un millar de inmigrantes de diferentes nacionalidades están en la comunidad colombiana de Necoclí, solo a la espera de un aviso para ingresar a territorio panameño.
Ya en Panamá hay unos 2 mil inmigrantes ilegales varados en campamentos de Darién y Chiriquí, a la espera de que Costa Rica autorice su paso hacia Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos.
La Dirección de Migración de Colombia informó que en Necoclí hay 647 haitianos provenientes de Brasil y Chile, 23 cubanos, 8 burkineses, cuatro senegaleses, tres ghaneses, un camerunés, un congoleño, un somalí y uno de Guinea.
Estos inmigrantes han tenido diferencias con las autoridades colombianas, puesto que se niegan a recibir ningún tipo de atención, como medida de presión para que les permitan proseguir su rumbo.
En este grupo hay personas mayores, mujeres embarazadas y niños.
La Defensoría del Pueblo panameña mostró su preocupación la semana pasada por el estado en que se encuentran los migrantes ilegales en Panamá y trató de mediar con su similar de Costa Rica para que se les permita seguir su curso hacia Estados Unidos.
Países de Centroamérica consideran el éxodo de estos migrantes como una "crisis migratoria invisible", en medio de la pandemia de coronavirus.
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Panamá recibió solo en los dos últimos meses del año pasado más mil migrantes provenientes de diferentes partes del mundo.
La Defensoría del Pueblo panameña ha considerado como una violación a los derechos humanos de estas personas la negativa de los gobiernos centroamericanos a permitirles el paso y en algunos casos a negarles atención primordial, una vez ingresan a sus países.