Cruce entre Benicio Robinson y Roxana Méndez con las auditorias de la descentralización paralela de fondo

Lindo cruce sostuvieron, la tarde de este jueves, el diputado Benicio Robinson y Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), el tema de fondo las auditorias que esa entidad realizó y envió al Ministerio Público quien adelanta una investigación al respecto.

Robinson de entrada pidió que al Programa de Interés Social (PDI), deben quitarle eso "de paralela, eso lo dijo un diputado independiente y todos lo repiten".

¿Por qué usted ha cogido tanta venganza contra los representantes y alcaldes? ¿Por qué si usted también fue?, disparó Robinson.

"Qué pena que tenga esa impresión y parta de una premisa tan equivocada", arrancó Méndez quien añadió, "creo en este sistema, creo en la capacidad y veo el esfuerzo que realizan los representantes y alcaldes de este país.

Acto seguido, Méndez apuntó y ripostó agradeciendo la no reelección de algunas autoridades locales.

"Afortunadamente, quienes no han podido sustentar con ningún documento cómo han usado miles de dólares, no fueron reelectos. Estamos en una política de transparencia, quiero que esto prospere porque este país lo necesita", añadió Méndez.

Méndez aseguró en la Comisión de Presupuesto que los fondos que la AND solicita para el 2026 son "para fortalecer la capacidad de cada una de esas instituciones porque ella veo cómo luchan en la calle, cómo se esfuerzan, veo la demanda y la demora en un Gobierno Central para llevar las respuestas, lo he vivido en carne propia".

Méndez dijo amar y creer en este sistema, pero que no puede permitir que la comunidad pierda en la confianza en este modelo descentralizador y en sus autoridades locales porque "algunos se aprovecharon de mala manera y los usaron en otros destinos que no son los que las comunidades necesitaban, pero eso no me toca demostrarlo a mí", expresó.

La directora de la AND pretende, según sus palabras, devolverle la confianza al pueblo panameño que se pueden lograr respuestas rápidas, efectivas, de calidad y de acuerdo a las prioridades de cada área.

Por otra parte, Robinson le preguntó a Méndez sobre las auditorias y cuál fue el destino de las mismas: Contraloría o Procuraduría.

Méndez recordó que todo funcionario público, cuando sospecha que el dinero que se le ha entregado no está bien utilizado o lo desvía a otro lado, está obligado a presentarlo ante el Ministerio Público (artículo 83 del código procesal penal) y este es quien solicita la auditoria (a la Contraloría).

"Nosotros hacemos una revisión documental y si no hay un sustento básico, lo sometemos a la consideración del Ministerio Público y es el Ministerio Público quien solicita la auditoria", expresó Méndez.

Según Méndez la autoridad que ella dirige encontró fondos que no tenían sustentos en expedientes, a partir del momento que ellos pudieron identificar los montos de esos desembolsos, les solicitaron a los destinatarios que explicaran cómo se había utilizado.

Méndez detalló que algunos no pudieron sustentar porque entraron nuevos en el cargo, otros tenían los documentos en sus casas, otros decían que eso era mucho trabajo y no podían levantar esa información ya que no tenían personal.

En estos casos, explicó la directora de AND se cumplió con el código procesal el cual expresa "que si se sospecha de un uso de fondos públicos que no estén debidamente sustentados puedes debe comunicarlo al Ministerio Público y es lo que hicimos".

En ese sentido Méndez indicó que el Ministerio Público ha solicitado para cada uno de estos casos la auditoria de Contraloría. "Estamos hablando de 283 casos que no se pudieron documentar y Contraloría procede a la auditoría correspondiente", afirmó.

Méndez también recordó que todo funcionario público que recibe fondo de los contribuyentes están obligados a regirse por una serie de procedimientos y un sistema rendición de cuenta.

"Se debe trabajar con los fondos de forma transparente, aunque no haya un reglamento específico adicional porque ya la norma lo tiene establecido y es una obligación de cada funcionario informarse y regirse, por lo tanto, de acuerdo 83 del código procesal penal tenemos la obligación de enviar una denuncia al Ministerio Público cuando consideramos que no se está justificando", sentenció.