Por lo menos siete planteles educativos tienen la recomendación de remodelación o rehabilitación total de los edificios, según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Educación (Meduca) y a distintos gremios docentes de todo el país, tras una inspección en 106 centros educativos.

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El informe pretende alertar sobre situaciones que un mes después del inicio del año escolar, siguen siendo preocupantes para estudiantes, docentes y padres de familia.

En la casilla de remodelación total están el centro educativo básico general (C.E.B.G.) La Huaca, C.E.B.G. Bilingüe de España, en Natá; el C.E.B.G. Rubén Darío Carles, de Coclé, y el Instituto Profesional y Técnico Agropecuario de Tonosí.

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Mientras que el C.E.B.G. Simeón Valderrama está encasillado en construcción total del plantel y la escuela Moisés Castillo Ocaña necesita rehabilitación total del edificio.'

También se recomendó adoptar todas las medidas necesarias para que todos los centros educativos cuenten sin exclusión, con los servicios básicos de agua potable y de electricidad, durante todo el año escolar.

Debido a los problemas que hay con las empresas constructoras, que mantienen por lo menos a 17 escuelas sin avances en los trabajos, se recomendó realizar un control eficaz sobre las empresas contratistas, con el fin de que se cumpla con lo estipulado en los proyectos en cuanto al tiempo de la obra y calidad.

Gremios docentes y padres de familia se mantienen atentos ante las mejoras que pueda dar la actual administración del Meduca.

En esa lista de urgencia se incluye la escuela República de Italia, la cual tiene los terrenos en San Miguelito, pero desde hace años no cuenta con infraestructura, ya que la empresa que tenía el contrato se declaró en quiebra en diciembre de 2018, y los estudiantes están distribuidos en escuelas cercanas.

Para Alfredo Castillero Hoyos, la cabeza principal de la Defensoría del Pueblo, el mencionado informe "arroja luces de alarma que de algún modo se complementa con aquellos colegios que son objetos de paro por parte de sus docentes. De algún modo alertamos situaciones, que prevemos que pueden generar algún grado de conflictividad".

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Según expresó Castillero Hoyos a Panamá América, "tuvimos intención de entregársela al ministro (de Educación), pero por su agenda no se pudo", además que la intención de entregar el informe a todas las partes que participan en las mesas bilaterales de educación, en donde la Defensoría es mediador, tiene como "intención la de tutelar el derecho a la educación y la de apuntar, señalar, advertir que deben ser atendidos oportunamente".

Entre las falencias que se reportaron en la revisión de personal de la Defensoría están necesidad de aulas nuevas, otras sin ventilación, trabajos de construcción sin finalizar, falta de mantenimiento en instalaciones eléctricas y equipos, ausencia de cercas perimetrales, falta de acceso al agua potable, necesidad de docentes, trabajadores manuales, celadores y personal administrativo.

En el informe se detalla que en los centros educativos instituto José Dolores Moscote, Instituto Nacional, Instituto Comercial, Richard Neumann, Isabel Herrera Obaldía, José Remón Cantera, entre otros, se deben adoptar medidas inmediatas, con el fin de salvaguardar la integridad física, incluso la vida de los estudiantes y docentes.