Indígenas afirman que el Gobierno incumplió con titulación

Los pueblos indígenas manifestaron que el Gobierno les incumplió sus exigencias de titulación de lo que ellos denominan sus “tierras ancestrales”, que han venido solicitando desde hace muchos años.

“Un indígena sin tierra es un indígena muerto, por lo que seguiremos defendiendo la seguridad de nuestra madre tierra, esto implica seguir peleando por la titulación de nuestras tierras ancestrales”, indicó Marcelo Guerra, presidente de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).

El dirigente reiteró que así como han podido conseguir con mucha lucha y sacrificio, llegando a la sangre y pérdidas humanas, comarcas y tierras colectivas, mantendrán la lucha permanente por seguir defendiendo la tenencia territorial y la seguridad de sus pueblos.

A pesar de tener comarcas y algunas tierras colectivas, las invasiones ilegales y la tala indiscriminada de árboles por colonos, campesinos e incluso extranjeros han aumentado sin control y las autoridades de Gobierno no hacen nada y siguen poniendo en peligro la seguridad de los indígenas, lamentó Guerra.

Por su parte, Aulina Ismare, cacica del Territorio Nacional Wounaan, dijo que su casa, alimento y farmacia son sus tierras y “eso no lo vamos a cambiar; la tierra es la herencia de nuestros ancestros y estamos hoy unidos todos los pueblos indígenas exigiendo respeto a nuestras leyes y respeto por nuestros territorios”.

Para la cacica, un compromiso pendiente que cumplir con los pueblos originarios es la ratificación del Convenio International 169 de la OIT que no se ha podido, siendo un documento de suma importancia que protege los derechos humanos, territorios, trabajo y recursos naturales de las regiones indígenas.

Al respecto, Gabriel Menguisamá, cacique de Tierras Colectivas Emberá Wounaan, mencionó que aunque las leyes nacionales e internacionales favorecen a los pueblos indígenas, persiste la discriminación, racismo y violaciones a sus derechos humanos.

Agregó que a pesar de tener un plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas no se ha podido cumplir con los acuerdos consensuados de construcción de infraestructuras en educación y salud, y los procesos de estos proyectos se han enredado en la burocracia.

En la actualidad, está en ejecución un préstamo de 80 millones de dólares del Banco Mundial y 5 millones de aporte del Estado para estos temas.

Finalmente, dentro de las normas que los originarios piden que se cumplan está la Ley 37 que impone el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado para garantizar una relación armónica y transparente con todos los territorios indígenas.

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