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Ministro de Ambiente: Creación de fiscalía superior fortalece persecución de los delitos ambientales

Los delitos más comunes a los que deberá enfrentarse la nueva fiscalía son: la tala ilegal, el tráfico ilegal de flora y fauna, los incendios forestales, la contaminación de recursos hídricos, el aire y la contaminación sonora, entre otros.

Redacción | nacion.pa@epasa.com | @panamaamerica - Actualizado:

Crean Fiscalía Superior de Ambiente

Después de 22 años de espera, los delitos ambientales serán fiscalizados según lo dicta la Ley 41 General de  Ambiente, en la que fue consignada la creación de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales, según anunció el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda.

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Milciades Concepción, titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), reaccionó ante el anuncio, agradeciendo al Ministerio Público por haber dado este paso trascendental en la lucha contra la delincuencia organizada que pone en peligro la herencia natural del país.

Concepción fue enfático al destacar que la creación de esta unidad investigativa especializada de alto nivel ha sido producto del interés del presidente de la Republica, Laurentino Cortizo, y de la gestión de MiAmbiente, a quien le corresponde por Ley trabajar de manera estrecha con esta nueva fiscalía, por ser la entidad que maneja las normas administrativas ambientales necesarias para la tipificación de los delitos en esta materia cometidos en el país.

De acuerdo con la Resolución 34 del 7 de diciembre de 2021, que crea la entidad  y que fue emitida por la Procuraduría General de la Nación y publicada en Gaceta Oficial, la nueva fiscalía tendrá su sede en la ciudad capital y tiene la responsabilidad de perseguir privativamente en la provincia de Panamá, los delitos contra el ambiente, así como el seguimiento de las investigaciones que adelante cualquier otra Fiscalía Regional o de Asuntos Indígenas del resto de provincias o comarcas del país por delitos ambientales.

Así mismo,  de acuerdo con el documento, fue creada la Unidad Especializada en Delitos Ambientales dentro de un modelo de gestión que se aplicará en los despachos del Ministerio Público de los distritos judiciales, donde se implemente el Sistema Penal Acusatorio.

Los delitos más comunes a los que deberá enfrentarse la nueva fiscalía son: la tala ilegal, el tráfico ilegal de flora y fauna, los incendios forestales, la contaminación de recursos hídricos, el aire y  la contaminación sonora, así como la proliferación de los delitos en la construcción que no cumplen con los Estudios de Impacto Ambiental y su seguimiento.

Concepción dijo sentirse optimista con el anuncio, concretamente con el aspecto que tiene que ver con la especialización del recurso humano en temas ambientales que requerirá la nueva fiscalía, lo que, según él,  asegura que los casos sean investigados por peritos expertos, lo que permitirá la presentación ante los jueces de pruebas robustas, que lleven los casos hasta las últimas instancias sin que sean desestimados durante el proceso.

En cuanto al cumplimiento de penas por la comisión de delitos ambientales, Concepción aseguró que ya fue solicitada una reforma al título penal ambiental del Código Penal para endurecer las condenas a los infractores, y que sean mayores a cinco años.

VEA TAMBIÉN: Proyecto para crear el Instituto de Meteorología llega a la Asamblea Nacional

La actual administración de MiAmbiente   desarrolla una estrategia interinstitucional para perseguir los delitos ambientales,  a través de una serie de acciones como la creación de la Oficina de Delitos Ambientales de la Policía Nacional que alberga MiAmbiente, desde 2019; la firma de un Convenio de Cooperación Técnica con el Ministerio de Seguridad;  y la recién creada Sección de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales de la Policía Nacional  con lo que se busca el apoyo del aparato de seguridad del Estado para la preservación de la biodiversidad en todo el país, especialmente en las áreas protegidas.

A ello se le suma el establecimiento de una alianza estratégica de Cooperación con el Colegio de Abogados de Panamá, con miras a presentar ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley para crear el Código Ambiental en Panamá, en el que recoja en un solo cuerpo jurídico todas las normas y leyes que sobre esta materia existen en el país.

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