La aprobación de su estatuto de funcionamiento se consolidó como uno de los principales logros de la segunda reunión del Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos (SINPREM).
En esta jornada, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), en conjunto con las demás instituciones que integran la mesa interinstitucional, dieron un paso decisivo hacia la definición de precios de referencia para la adquisición estatal de fármacos.
Durante el encuentro, el Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, confirmó que tanto la CSS como el Minsa acordaron presentar sus listas de medicamentos con precios de referencia actualizados en la próxima sesión.
Estos datos consolidados serán compartidos con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que permitirá evaluar mecanismos conjuntos de compra y establecer parámetros tarifarios acordes a la realidad del sector.
En esta primera etapa, el sistema enfocaría sus esfuerzos en las compras públicas, mientras paralelamente se coordinan acciones con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para establecer referencias en el mercado privado.
El proyecto busca corregir las marcadas variaciones de precios entre distintas regiones del país, especialmente en zonas de difícil acceso donde la logística eleva los costos, fijando un precio tope para garantizar una adquisición más ágil y accesible para toda la población.
Con la mira puesta en el futuro inmediato, la próxima reunión del SINPREM quedó programada para finales de enero. Para esta fecha, los equipos técnicos deberán tener finalizada la consolidación de las listas de medicamentos, asegurando que la información clave sea distribuida adecuadamente entre los ministerios participantes antes del inicio de las grandes licitaciones estatales.
La meta fundamental es contar con estos insumos técnicos y financieros listos a partir de febrero, momento en que el Estado panameño iniciará los actos públicos de licitación.
