Originarios piden al Gobierno anular privatización de tierra

La Coordinadora Indígena de Panamá pidió el viernes al Gobierno anular la privatización de 326.000 hectáreas situadas en territorios ancestrales y comarcales, afectando así el derecho que tienen por ley a la titulación colectiva.

"Hemos pedido al Estado panameño que así como salió de la noche a la mañana ese título de propiedad privada, que se derogue, se anule ese título de propiedad que afecta a todos esos pueblos (indígenas) que están constituidos por ley", dijo a EFE el cacique Emberá-Wounaan, Gabriel Menguisamá.

 La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), que aglutina a los siete pueblos originarios y sus 12 estructuras de congresos y consejos, dijo en un comunicado que se ha otorgado a la empresa Sinclair Oil Panamá el título de propiedad sobre 326.000 hectáreas.

Ello, "sin tomar en cuenta que ese título de propiedad invade propiedad colectiva de la Comarca Emberá–Wounaan, que fue constituido legalmente en 1983, de la Comarca Kuna de Wargandi (2000), además de aquellas comunidades que están buscando ser reconocidas mediante la Ley 72 del año 2008 como Tierras Colectivas".

La Coordinadora explicó que la empresa Sinclair Oil Panamá inició su trabajo de campo "cuando el Estado Panameño le otorgó la concesión de exploración de petróleo en área en donde está ubicado el Territorio Ancestral de Tagarkunyala", y que en "2017 el Registro Público lo convierte en título de propiedad a favor" de la compañía "sobre una área total de 326.000 hectáreas".

Panamá es un importador neto de hidrocarburos, pues no cuenta con explotación petrolera ni industria de refino.

Dentro de la extensión de tierra privatizada "hay comunidades indígenas, pueblos que han quedado dentro de esa finca privada", dijo el cacique Menguisamá.

"Eso nunca se consultó, eso nunca fue a consideración de los pueblos, desconocemos cómo surge. Sabemos ahora que son 326.000 hectáreas", añadió.

 La COONAPIP recalcó en una declaración pública que la Constitución panameña establece que "El Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva", y que "la Ley regulará los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras".

"Hay títulos de tierras colectivas que están por salir, hay territorios que están por titular colectivamente" en los territorios afectados por la privatización, resaltó el cacique, que sostuvo que las decisiones tomadas a espaldas de los pueblos indígenas perjudican a todo el país.

El líder indígena no descartó convocar protestas de calle para defender sus derechos.

Las autoridades tradicionales tampoco descartan "proceder con demandas penales y civiles contra Sinclair Oil Panamá por los daños y perjuicios causados a los pueblos originarios donde tiene la concesión, y las afectaciones que a través de los años ha causado", dijo la Coordinadora en su declaración pública.

"Los siete pueblos indígenas estamos a una sola voz, seguiremos enfrentando, si tenemos que dar la vida, hay que dar la vida (...) la lucha indígena es incansable, eso no tiene fin, hasta no lograr" la seguridad territorial que es una prioridad, dijo el cacique.

En Panamá hay siete etnias indígenas Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri, agrupadas territorialmente en seis comarcas, emberá-wounaan, guna yala, ngäbe-buglé, madugandí, wargandí y la reciente naso.

Panamá, donde el 17,2 % de sus 4,2 millones de habitantes se considera indígena, de acuerdo con el censo nacional de este 2023, es pionero en América Latina y el Caribe en reconocer los derechos de los territorios originarios.

Según la FAO, hay una legislación muy avanzada, pero se deben hacer más esfuerzos para llevarla a la práctica.

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