Tras la reciente actividad sísmica y el impacto de los movimientos telúricos que han sacudido al país, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha lanzado una advertencia: Panamá necesita moverse hacia la prevención tecnológica y destinar una inversión estimada entre 1.5 millones y 3 millones de dólares para la implementación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana Sísmica.
La alta sismicidad registrada en diversas regiones del territorio nacional ha puesto en evidencia las debilidades estructurales en materia de respuesta en tiempo real. Néstor Luque, director de Geociencias, dijo que si bien el país cuenta con redes de monitoreo encargadas de detectar y registrar los sismos una vez ocurren, existe una brecha: el país carece de un mecanismo automatizado capaz de alertar a la población segundos antes de que las ondas destructivas golpeen las zonas urbanas.
La diferencia entre monitorear y alertar
Luque ha enfatizado reiteradamente que la percepción pública de que Panamá se encuentra totalmente resguardado dista de la realidad técnica actual.
"Nosotros tenemos un sistema de monitoreo sísmico. Detecta sismos, los localiza y los reporta. Pero eso no nos avisa segundos antes... No tenemos esto", sentenció Luque.
Contar con un sistema de alerta temprana moderno —similar al de naciones con alta experiencia sísmica— permitiría aprovechar los milisegundos iniciales de una ruptura tectónica para transmitir señales más oportunas.
Esto facilitaría la activación automática de sirenas urbanas, la interrupción de servicios públicos esenciales, el bloqueo de elevadores en edificios altos y la suspensión de redes de gas o industrias críticas para mitigar daños secundarios y salvar vidas.
Retos operativos y la necesidad presupuestaria
Actualmente, el Instituto de Geociencias opera condicionado por severas limitaciones financieras y logísticas. Con un presupuesto de inversión sumamente reducido —que gira en torno a los $150,000—, la entidad depende administrativamente de la Universidad de Panamá, lo que dificulta la expansión tecnológica y el mantenimiento de una red física que frecuentemente sufre interrupciones por fallas eléctricas y de conectividad durante la temporada de lluvias.
Asimismo, el personal técnico encargado de sostener la vigilancia geológica del país es sumamente limitado, requiriendo de manera imperativa la contratación de especialistas en ingeniería de sistemas y sismología que hoy permanecen congeladas por falta de fondos.
Ante este escenario, la propuesta de inyectar entre $1.5 millones y $3 millones se posiciona como una hoja de ruta ineludible. Especialistas y académicos coinciden en que el Estado panameño debe dar el paso definitivo hacia la modernización de su infraestructura de gestión de riesgos, transformando la reacción reactiva en una política de prevención con base científica que proteja eficazmente a los ciudadanos ante futuros eventos telúricos.
