Panamá nombra comisión para renegociar el contrato con minera canadiense FQM
La mina a cielo abierto Cobre Panamá, una de las más grandes de Latinoamérica, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019, pero enfrenta una controversia legal sobre la validez de la concesión que le dio origen, a raíz de un fallo emitido en 2018 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. EFE
El Gobierno panameño informó este miércoles que designó una comisión de alto nivel para renegociar un controvertido contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, propiedad de la canadiense First Quantum Mineral (FQM), que explota una gran mina de cobre con una inversión de más de 6,000 millones de dólares.
"Es un hecho conocido que la empresa Minera Panamá S.A. opera una de las más importantes concesiones mineras del país y que mantiene aspectos legales pendientes por resolver", dijo el Gobierno en su comunicado.
La mina a cielo abierto Cobre Panamá, una de las más grandes de Latinoamérica, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019, pero enfrenta una controversia legal sobre la validez de la concesión que le dio origen, a raíz de un fallo emitido en 2018 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El proceso se iniciará "en los próximos días" y el equipo designado por el presidente Laurentino Cortizo "velará porque las negociaciones se realicen en defensa de los mejores intereses nacionales, con apego a la Ley y en un marco de transparencia", indicó un comunicado del Gobierno.
La comisión negociadora la conforman varios ministros, entre ellos el de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, quien lo coordinará, y el abogado Roberto Ábrego, diputado presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional (Parlamento), y contará con el apoyo de asesores internacionales.
El Gobierno dijo que contará con abogados con experiencia en negociación de contratos, litigios y arbitrajes internacionales de la firma Hogan Lovells y con la asesoría de la CONNEX del G-7.
La Iniciativa CONNEX del G7 asiste a los Gobiernos de países en vías de desarrollo y de economías en transición en la negociación de contratos comerciales complejos en el sector extractivo.
Por su parte, Minera Panamá dijo en un comunicado que está "abierta a negociar nuevas condiciones contractuales" y que el proceso "debe sustentarse en el respeto a la seguridad jurídica y el Estado de derecho tanto para el país como para la empresa".
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Minera Panamá recordó que es la inversión privada "más importante" del país "con 6,700 millones de dólares", y que "las exportaciones del concentrado de cobre en el primer trimestre del año demuestran que Panamá es un país minero".
ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Este proceso de negociación es anunciado tres años después de que el Supremo declaró inconstitucional una ley de 1997 que avaló la concesión, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá.
El fallo dio respuesta a un recurso presentado por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.
En su momento, tanto First Quantum como el Ejecutivo panameño, entonces presidido por Juan Carlos Varela (2014-2019) defendieron que la sentencia no afectaba a la mina.
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En mayo de 2019, el Parlamento rechazó por "lesivo" para el Estado un proyecto de ley propuesto por la Administración de Varela que buscaba garantizar la seguridad jurídica de la mina de cobre.
La renegociación con Minera Panamá es anunciada por el Ejecutivo cuando además persisten críticas por las condiciones del contrato actual, con vigencia hasta 2037, que establece una regalía del 2 %, una tasa considerada pírrica por sectores políticos y empresariales.
La empresa ha sido señalada de causar graves daños al ambiente. Medios locales difundieron reportes del Ministerio de Ambiente según los cuales Minera Panamá habría incurrido en 200 infracciones ambientales entre 2012 y 2019.
La renegociación tendrá lugar al tiempo que un movimiento ambientalista ha planteado una propuesta ley para una moratoria indefinida a la minería, al tiempo que el Ejecutivo impulsa un diálogo sobre la actividad, a la que considera un motor formidable para la recuperación económica tras el duro golpe de la pandemia.
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