Sigue polémica por ley del 7% para el sector educativo

El 7% que por ley se le debe asignar al sector educativo vuelve a ser noticia, luego de la polémica generada por su no inclusión, al principio, en el Presupuesto General del Estado. 

Esta norma, incorporada en el presupuesto general de 2024, ha convertido al Ministerio de Educación (Meduca) en la "caja menuda" del Gobierno, a juicio del diputado de Vamos, Jorge González. 

El independiente, al igual que sus compañeros de bancada, denunció que varios de los traslados de partida aprobados a otras entidades fueron interinstitucionales y procedieron del Meduca. 

"No puede ser posible que el año que viene, también lo vamos a pasar en esto, de traslados en traslados del Meduca para otros ministerios y tanto que necesita la educación panameña", planteó el diputado. 

Esto se suma al debate sostenido durante la discusión del presupuesto para el próximo año sobre la base sobre la cual se debía estimar ese porcentaje y si era necesario contar con todos esos fondos u optimizar los recursos. 

Las autoridades de Economía y Finanzas reiteraron en varias ocasiones que lo ideal sería que esos recursos se obtuvieran con base a los ingresos y no al tamaño de la economía. 

Al respecto, Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores (Asoprof),  es de la percepción que la discusión no se debió centrar en eso, sino sobre que Producto Interno Bruto (PIB) se debe basar, el nominal o real, algo que no aclara la ley. 

A su juicio, debería ser el PIB nominal, que incluye el crecimiento económico más la inflación.

Agregó que se tiene que cumplir con la ley y el Meduca debe ser el primero en defender el tema del 7%, teniendo presente las prioridades que necesitan los estudiantes.

¿Cuáles son esas prioridades?

"La construcción de nuevas escuelas, equipamiento, eliminación de aulas ranchos, dotar de energía eléctrica, agua potable y mejorar las condiciones de los centros educativos a nivel nacional", precisó.

Por su parte, Luis Sánchez, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), manifestó que cumplir a cabalidad con el uso del 7% del PIB para la educación, es una cuestión de voluntad política.

Al igual que Ábrego, el vocero de Aeve plantea que una de los temas que han venido defendiendo desde 2022, ha sido las carencias que tienen los centros educativos, para lo cual se fijó el porcentaje que luego quedó institucionalizado mediante la Ley 362. 

"Hay muchas escuelas ranchos, por eso es que cuando escucho a la ministra (de Educación) decir que jamás se van a acabar, entonces nos damos cuenta porque no quiere ejecutar el 7%", expresó. 

El presupuesto del Ministerio de Educación para 2025, ascenderá a $5,071 millones, de los que $2,322 millones corresponden a inversión.

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