Panamá
Subsidios por $11 millones recibieron los albergues en los últimos 3 años
Pese a la fiscalización que el Mides dice aplicar, se denunciaron irregularidades en el manejo del millonario subsidio en albergues infantiles.
- Redacción
- /
- [email protected]
- /
- @PanamaAmerica
- - Actualizado: 04/3/2021 - 06:38 am
Solo a Funchipa se le asignaron $1.2 millones entre 2020 y 2021.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) alardea de los controles estrictos que aplica en la fiscalización de los más de $11 millones en subsidios otorgados por la Dirección Nacional de Subsidios Estatales en los últimos tres años, sin embargo, esta misma institución denunció penalmente, de forma tardía, irregularidades en el manejo de este dinero en albergues infantiles.
Entre 2018 y 2019, antes de la pandemia de covid-19, el monto de los subsidios otorgados por esta dirección alcanzó los $6 millones 19 mil 602 y se argumenta que benefició a 237 mil 823 personas a nivel nacional.
Mientras que en el año 2020, el monto de los subsidios otorgados sumó $5 millones 388 mil 494.
La fiscalización del "buen manejo y gestión de las asignaciones de los subsidios" se debe hacer a través de la Oficina Nacional de Administración de Subsidios Estatales (ONASE) y la Dirección Nacional de Subsidios Estatales.
"Esta dirección también supervisa 'cuidadosamente' cada gasto efectuado por las organizaciones subsidiadas, tomando en cuenta el presupuesto aprobado y los límites establecidos para cada programa o proyecto", alardea el Mides en sus memorias institucionales digitales.
No obstante, recientemente el Mides pasó de denunciante a querellante contra la Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), luego de que una auditoría arrojara supuestas irregularidades en el manejo del millonario subsidio otorgado por el Estado.
Solo a Funchipa se le asignaron $1.2 millones entre 2020 y 2021, pagaderos en dos años, durante la administración de Laritza Valderrama (hermana del exdiputado panameñista Adolfo "Beby" Valderrama) en la Dirección de Subsidios Estatales.'
57
albergues infantiles hay repartidos en todo el país.
17
denuncias interpuso la exdirectora de la Senniaf, Idalia Martínez, antes de ser destituida en el gobierno de Varela.
Según el Mides, entre 2018 y 2019 se efectuaron 61 evaluaciones de "prórrogas" de los subsidios otorgados por "trabajadores sociales y analistas financieros" en todo el país.
VEA TAMBIÉN: Proyecto de ley sobre adopciones es aprobado en tercer debate: ¿Se acabarán los trámites engorrosos?
Además, asegura que en ese periodo se realizaron 77 visitas de "monitoreo y seguimiento a programas y proyectos subsidiados dando seguimiento a las observaciones y recomendaciones de las evaluaciones de prórroga".
¿Entonces dónde fallaron los controles?, no existe aún una versión oficial.
El subsidio se repartió entre 104 programas o proyectos ejecutados por ONGs y patronatos que ofrecen albergue, capacitación, salud y nutrición.
¿Y la supervisión?
Adicional a los controles financieros que el Mides asegura que realiza, el Decreto Ejecutivo 26 de 21 de abril de 2009 le ordena al Comité de Supervisión y Monitoreo del Mides "inspeccionar y vigilar", "por lo menos cada cuatro meses", el funcionamiento de los albergues.
VEA TAMBIÉN: Meduca presenta plan 2021 de Internet y data móvil para estudiantes y docentes del sector público
Luego de cada inspección, el Mides debe levantar un acta con las irregularidades encontradas y proceder como lo mandatan las normas legales que regulan los albergues y que incluyen hasta cierres y denuncias penales.
Por otro lado, en Veraguas el Ministerio Público solicitó ayer ante el Juez de Garantías que se imputen cargos a un administrador por maltrato infantil en contra de una menor.
Mientras que en la capital siguieron ayer las protestas frente a la Senniaf, exigiendo justicia para los menores abusados.
El Estado está obligado a respetarle a los niños todos los derechos consagrados en la Constitución, la Convención Sobre los Derechos del Niño y las leyes.
La subcomisión de la Asamblea Nacional que inspeccionó los albergues denunció desde abusos sexuales, hasta maltratos físicos crueles y la alimentación de los menores con comida para perros.