Arrestos y abuso de poder de los fiscales es dañino para la justicia

El interés que tienen los fiscales del Ministerio Público (MP) de perseguir a exfuncionarios y adversarios políticos del Gobierno ha quedado demostrado con la detención de los exministros de Obras Públicas (MOP) Jaime Ford y Federico Suárez.

Antes de ordenarse la detención de los exfuncionarios, el fiscal del caso pudo asumir que ni Ford ni Suárez demostraron que deseaban irse del país.

El pasado viernes, el juez Leslie Loaiza le otorgó fianza a los exministros Ford y Suárez.

No obstante, el fiscal Adecio Mojica acusó la posibilidad de fuga, lo que provocó que al final los implicados tuvieran que consignar fianzas de 500 mil dólares.

Ante esto, el abogado Ernesto Cedeño cuestionó que si ya los exministros tenían derecho a una fianza, por qué los encarcelaron. "A mi juicio, abuso", señaló.

El abogado explicó que ya era sabido que el juez iba a conceder una fianza de excarcelación, precisamente por lo que se estableció en su veredicto, y el fiscal de la causa cometió un exceso.

"No sé si para mandar un mensaje específico de quien es el que tiene la autoridad, o por las razones que fueran, pero eso no está bien", argumentó.'

Adenda cuatro, avalada por Jaime Ford, fue un ahorro para el Estado

Los familiares del exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, revelaron en la cuenta de Twitter del exfuncionario que existe información de que la propia jefa de Fiscalización de Obras del Estado de la Contraloría corrobora lo actuado en favor del Estado.

Se trata de la adenda cuatro del contrato para la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, la cual representó un ahorro para el Estado, al evitar la indemnización de 50 familias.

Aseguran que Ford ya tiene medida cautelar desde 2015, por la que firma los 15 y 30 de cada mes, y jamás ha fallado, por ende, “no ha existido peligro de fuga ni hubo razón para su detención”.

Anteriormente, el equipo legal del exministro adujo que existe un interés de crear un precedente para acreditar un delito y así justificar una investigación por la compra de la Editora Panamá América (Epasa) en 2010.

Para el analista Cristóbal Silva, todo se trata de una investigación viciada que solo busca poner presos a dos exministros.

El pasado viernes, el Juzgado Decimoquinto Penal corroboró lo dicho por Cedeño, al favorecer a los exministros con un cambio de medida cautelar.

El juez Leslie Loaiza indicó que ambos exfucionarios cumplieron con todos los reportes y llamados ante la justicia, por lo cual resolvió otorgarles su libertad.

De hecho, ambos exministros habían solicitado permisos para salir del país y retornaron.

No obstante, el fiscal Mojica remitió a Ford y Suárez a la cárcel El Renacer, en la cual permanecen recluidos desde el pasado 5 de julio, por sus supuestos vínculos con un sobreprecio en la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.

Incluso la medida extrema se tomó, pese a las advertencias de juristas como Ángel Calderón, quien aseguró que dicho proceso no tiene ningún tipo de convicción ni sustento legal para haberlas ordenado.

Abuso reiterativo

Al igual que en este caso, ya otros fiscales han sido denunciados por cometer excesos contra empresarios y exfuncionarios.

El año pasado, el mismo juez Leslie Loaiza admitió la solicitud de excarcelación a favor del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, quien estuvo detenido 9 meses.

No obstante, De Lima debió pagar una de fianza de 200,000 dólares y no se le permitió la salida del país sin autorización judicial.

Tras haber sido privado de su libertad, De Lima denunció excesos en el caso de un préstamo en la Caja de Ahorros, por el que fue arrestado el presidente de la televisora NEXtv, Riccardo Francolini y el exgerente general, Jayson Pastor.

En el caso de Francolini, este debió pagar una fianza de excarcelación por 1 millón de dólares, tras haber pasado 263 días bajo detención preventiva.

Su abogado Silvio Guerra lamentó que las investigaciones del Ministerio Público se convirtieran en "una especie de pantomima procesal, en la que no se le está diciendo al pueblo panameño qué es lo que se quiere que se investigue".

Estos serían solo algunos de los más de 20 casos, por los que se han procesado a excolaboradores del gobierno pasado, y se acusa a la procuradora general, Kenia Porcell, de orquestar los ataques.

La procuradora procede del Consejo de Seguridad, en donde, supuestamente, se armó este esquema de persecución contra los exfuncionarios.

Ante esto, el abogado Cristóbal Arboleda expresó que Porcell pareciera tener un interés emocional en estas situaciones.

Las actuaciones de Kenia Porcell han generado una serie de denuncias en su contra, que fueron remitidas ante el procurador general de la administración, Rigoberto González Montenegro.