Blue Apple Services Inc., una sociedad de corta vida

Blue Apple Services Inc. fue inscrita en el Registro Público el 3 de mayo de 2011 por el abogado Federico Barrios. La sociedad tuvo un corto periodo de vida, pero llegó a mover 40.6 millones de dólares en al menos tres bancos de la localidad, entre ellos Banco General y Banesco.

Este movimiento de capitales hoy es objeto de una investigación en el Ministerio Público que tiene en la mira a las principales empresas constructoras que ganaron contratos en el Gobierno pasado y que en la actual administración de Juan Carlos Varela siguen siendo las llamadas favoritas; entre ellas Rodsa; Conalvías; Bagatrac, GS Contractors, Factor Global Inc., entre otras. En total son 113 empresas a las que se les sigue la pista, entre las que curiosamente no se encuentra la polémica Odebrecht.

De acuerdo con el Registro Público, Barrios era el presidente, tesorero y secretario de Blue Apple Services Inc. Lo acompañaban como directivos Octavio Samaniego y Darla Alain.

Blue Apple Services Inc. fue disuelta el 8 de agosto de 2012 en el Registro Público, 14 meses después de su inscripción.

Así mismo como desapareció la sociedad, las cuentas bancarias en Banesco, Banco General y otros bancos quedaron en cero desde 2012, revela el informe financiero.

La investigación tiene elementos que generan dudas como la supuesta llamada anónima que llevó a que se abriera la investigación de forma inmediata.

El Ministerio Público ha recopilado gran parte de la información financiera con lo cual se ha formulado una investigación por supuesto caso de blanqueo de capitales en donde las constructoras que ganaron licitaciones con el Estado, en ese momento, pagaron supuestas coimas a funcionarios de mandos medios en la administración pasada usando como empresa mediadora para triangular el dinero a Blue Apple Services.'

El Frente Anticorrupción insta a indagar el sistema bancario local

El informe financiero del caso ‘Blue Apple’ revela nombres de bancos, pero miembros de la sociedad civil dudan de que estas entidades sean investigadas.

“Los bancos en Panamá son ‘vacas sagradas’. Usualmente, logran venderle la idea al Gobierno de que iniciar investigaciones en su contra es atentar contra la economía local”, afirmó Enrique Montenegro, vocero del Frente Anticorrupción.

Montenegro instó a las autoridades a usar este caso, catalogado como de alto perfil, para crear un precedente de combate a la impunidad, incluida la impunidad bancaria.

“En el Frente pedimos que se investigue minuciosamente a los bancos mencionados. Y si se comprueba que alguno actuó mal, que sea sancionado de manera ejemplar... más daño le ha hecho a la economía la impunidad y la corrupción”, sentenció Montenegro.

El activista incluso fue más allá y aseveró que no se puede negar que varios bancos en Panamá han sido usados para el lavado de dinero y el depósito de coimas.

Lo que no resalta el Ministerio Público es que las principales empresas que aportaron a las cuentas de Blue Apple Services son las mismas que están ganando los contratos de infraestructura con la administración de Juan Carlos Varela. Entre ellas, Rodsa y Conalvías.

También se conoció por parte de fuentes vinculadas a la investigación que dos importantes empresas constructoras fueron excluidas de la investigación por presiones políticas y poder económico.

Hasta la fecha, la investigación no revela nombres de los funcionarios que habrían recibido el pago de estos 40.6 millones de dólares en supuestas coimas. Lo que sí existe es un registro de cuánto dinero se movió por cada banco mencionado en el escándalo y cuántos contratos ganaron cada constructora mientras estuvo operativa la sociedad Blue Apple Services Inc.

Por ejemplo, Banesco: 13 millones de dólares (cuenta corriente); y Banco General: 11.1 millones de dólares (cuenta corriente).

La investigación también se ha extendido al movimiento de dinero en las cuentas de las constructoras en otros bancos como el antiguo BBVA y Unibank.

Sin fiscalización

Para la economista Maribel Gordón, no resulta extraño que el informe revele no solo el nombre de bancos supuestamente vinculados a ilícitos, sino también los montos precisos que habrían movido en triangulaciones.

En este sentido, fue categórica al mencionar que los bancos son parte de la estructura utilizada en el país para delinquir.

Pero incluso llamó más la atención el hecho de que en este gobierno, que prometió transparencia sin precedente en el país, las instituciones que deben ejercer la fiscalización no están ejerciendo su función".

"A un ciudadano común se le exige una serie de requisitos para abrir una cuenta, pero aquí hay empresas señaladas en corrupción que siguen siendo las favoritas para megacontratos de obras estatales", indicó Gordón, quien pidió que se investigue también al ente fiscalizador".