Casos que se cayeron por falta de pruebas

Pasados cuatro años del gobierno de Juan Carlos Varela, la mayoría de los casos que el Ministerio Público (MP) denominó de alto perfil, literalmente, se han desvanecido.

Incluso, muchos de los procesos a exfuncionarios y empresarios fueron sobreseídos de manera definitiva o provisional.

Y en los fallos correspondientes, el Órgano Judicial (OJ) determinó que nunca hubo malversación de fondos públicos o peculado, el cargo por el cual se imputó e investigó a 33 personas en cinco casos distintos.

Cabe señalar que el denominador común de aquellos procesos, que se iniciaron paralelo a la instalación del gobierno panameñista, es que todos los involucrados eran servidores públicos de la era Martinelli.

Otros son empresarios que se adjudicaron contratos con aquella administración y que han sido proveedores del Estado en este y varios de los anteriores gobiernos.

El caso más reciente es el de Guillermo Sáenz-Llorens y Javier Díaz, exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) y exministro de salud, respectivamente.

Ambos fueron vinculados a una serie de presuntos actos de corrupción en la Ciudad Hospitalaria, denominada ahora Ciudad de la Salud, una megaobra que empezó en la era Martinelli y que tiene un costo de 500 millones de dólares.

Empero el fallo del 6 de julio de 2018, de la jueza octava penal Leira Terán, del Primer Circuito Judicial de Panamá, determinó que "no se han observado irregularidades que hayan infringido la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas".

Según Terán, no se malversaron fondos públicos ni tampoco se infringieron normas legales.

Además de Sáez-Llorens y Javier Díaz -hermano del magistrado Harry Díaz-, fueron absueltos otros cinco exservidores públicos de la CSS: Alberto Maggiori Toledano,  Lizka Richard, Linnet Monterrey,  Marina Sucre y  Nelson Dueñas.

Este proceso se inició a través de una denuncia interpuesta en 2015 ante el MP por  Edgardo Voitier, dirigente del Frente Amplio por Colón.

Otro litigio que generó gran expectativa entre la ciudadanía fue el caso de la compra de mochilas escolares a través del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Según lo investigado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, hubo un sobrecosto en la adquisición de 6,000 morrales a un costo de $14.2 millones.

En este caso se vinculó a 18 personas. Seis son exfuncionarios y 12 empresarios.

En la causa se llamó a juicio a Lucy Molinar, extitular del Ministerio de Educación; a Berta Roldán, exdirectora administrativa del Meduca; y a los exdirectores del PAN Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia. Además, fueron vinculados Julissa Stanziola y Abraham Williams, también colaboradores del PAN.

Los empresarios procesados fueron: Mario Martinelli Berrocal, hermano del exmandatario Ricardo Martinelli; Roberto Luzcando; Jaime Ruiz; Franklin Alberto Araúz Ríos; Carlos Araúz Valdez; René Guardia Camargo; Pablo Ruiz Obregón; Roberto Brin; Janeth Araúz de Caballero; Poullett Morales; Daniel Ruiz Obregón y Eliécer Tuñón Jaén.

No obstante, el escándalo que estalló en junio de 2015 se diluyó en julio de este año con otro fallo de la Corte Suprema de Justicia.

El Juzgado Decimoquinto del Circuito de lo Penal ordenó el sobreseimiento definitivo en 16 de los 18 casos.

Los únicos llamados a juicio son Adolfo "Chichi" de Obarrio y Abrahams Williams, exfuncionarios que no están en Panamá.

La sentencia del juez Leslie Loaiza ordenó la suspensión de varias medidas cautelares que se les habían aplicado a estas personas. Entre ellas la cautelación de bienes y cuentas bancarias.

En el caso específico de Molinar, es el segundo fallo a su favor, ya que en diciembre de 2017 el Juzgado Quinto Penal anuló los cargos contra la exfuncionaria por el caso de la compra de instrumentos musicales.

Al respecto, Molinar señaló que no demandará al Estado, a pesar de que escuchó mentir a fiscales en el caso de las mochilas.

Dijo, además, que ese proceso nació a raíz de las declaraciones del actual director del PAN que fueron publicadas en un medio impreso.

Aseguró que el querellante en todos sus casos puso como domicilio la sede del Consejo de Seguridad Nacional, entidad desde donde han surgido varios de los procesos contra funcionarios de la era Martinelli.

Para el exfiscal auxiliar Neftalí Jaén, todos esos casos demuestran que esta administración se ha dedicado a perseguir a sus adversarios políticos. Jaén manifestó que desde el día 1, el Ministerio Público tiene una campaña contra sus detractores.

"Es lamentable que estamos viviendo aquellas antiguas prácticas en el Panamá de hoy".

Consultado al respecto, Roberto Troncoso, activista de derechos humanos y exdirigente empresarial, manifestó que él no ve la situación como una persecución política, pero sí le llamó la atención la aplicación de las detenciones preventivas en varias de esas causas.

"Se ha abusado de la bendita detención preventiva... hubo casos en los que no había peligro de desaparición de pruebas o fuga del país y aun así las ordenaron", expresó Troncoso.

Otra perspectiva tiene Maribel Gordón, del Frente Amplio por la Democracia (FAD). Ella asegura que en Panamá reina la impunidad.

"Los que asaltaron las arcas del Estado se vieron favorecidos con elementos tecnicistas".

Otras ocho personas, entre ellas Rafael Guardia, el exdirector del PAN, fueron procesadas por peculado agravado. La investigación duró un año, y en mayo de este año, Terán liberó a Guardia tras un acuerdo de pena y sobreseyó la causa de otros siete implicados.

"No existían elementos probatorios que acreditaran el delito y, por lo tanto, no hubo ningún perjuicio contra el Estado".