Comercio informal, criadero de las actividades ilícitas

En el área de la peatonal, Calidonia, parte de San Miguelito y el sector este de la ciudad, donde el comercio al por menor amenaza con desplazar el negocio formal e impedir el paso peatonal por el apiñamiento de los locales, hay una práctica desleal que preocupa a las autoridades y las obliga a tomar acciones para sanear el área.

Allí identificaron un terreno minado de ilegalidades auspiciado en su mayoría por buhoneros extranjeros que se prestan para cobijar la maleantería, la comercialización de mercancía de contrabando, piratería y hasta venta de droga al por menor.

Los cubículos 8x8 que se armaron entre las cunetas y las aceras gente de mal vivir los utiliza de guarida para cometer fechorías, según cuenta un minúsculo grupo de comerciantes que se dedica a la actividad para subsistir.

Los cálculos promedian cerca de 2,000 locales improvisados dedicados a la venta de mercancía seca y legumbres, de ese grupo no hay registro exacto en el Municipio de Panamá para ubicar a los propietarios que cumplen las disposiciones legales y sancionar al resto.

Por el contrario, la mayoría comercializa productos sin las especificaciones municipales de salud, higiene y seguridad.

El recaudo mensual de $2 por local es desconocido por las propias autoridades.

Ordenar es la clave. Y para eso la gerencia social del Municipio planeó modificar en consenso con el Sindicato de Buhoneros de Panamá, que aglutina a 1,000 socios, el Decreto 25 de 1999 que regula la actividad, levantar un nuevo censo que les permita identificar con certeza los puestos ilegales, extranjeros realizando actividades de buhonería y reubicar los locales del área peatonal.

El “sal si puedes” que armaron los buhoneros en las calles de Calidonia y Santa Ana es lo que se proponen desaparecer, pero la intención está sujeta al visto bueno de los miembros del sindicato, que advierten resistencia en caso de que se mermen sus ventas a causa de una errada decisión de reubicación.

Estamos de acuerdo en que se ponga orden y sobre todo que se cumpla la ley de que la actividad es exclusiva para los nacionales, pero no permitiremos reubicación en áreas donde no se paran ni los gallotes, advierte Juan González, presidente del gremio.

A las autoridades les puede volver a salir la bruja, declara González mientras reconoce que el problema es real, pero requiere ser atendido en consenso para evitar enfrentamientos.

A Isaac Atencio, responsable de llevar adelante el plan municipal, le resulta difícil hablar de la magnitud del problema, porque sobre la mesa solo dispone de los decretos municipales que establecen las normas violentadas por los buhoneros. No tiene la cuantía de aquellos que cumplen con el decreto municipal y menos de aquellos que bajo el paraguas de la informalidad evitan cumplir el pago de los impuestos municipales.

En ese grupo de comerciantes se identifican establecimientos improvisados sobre aceras que impiden la libre circulación y sin las especificaciones dadas por las juntas comunales de los corregimientos donde se ubican.

Son las juntas el primer filtro y las que determinan la ubicación de los locales, comenta una funcionaria en la gerencia social, donde a diario acude una decena de personas emprendedoras en busca de un permiso legal. Allí los interesados reciben la instrucción de cumplir 10 requisitos para tramitar el permiso. Entre ellos resalta: nota dirigida al alcalde, $8 de timbre, copias de identidad de la persona, fotos carné, visto bueno de la junta comunal respectiva, entre otros.

Antecedentes

El 1970, cuando el general Omar Torrijos ordenó que se instalara una hilera de buhoneros en la conocida bajada de Salsipuedes, jamás pensó que la decisión se convertiría en una epidemia sin control que desde entonces se propagó como el hongo y ahoga las calles circunvecinas.

Administraciones municipales van y vienen y ninguna ha logrado frenar la práctica que a la vista se extiende en más de dos kilómetros. La expansión sin control de los comerciantes informales originó que en 1999 naciera la primera base legal con la intención de regular la actividad. 15 años después, el Decreto 25 del 14 de enero de 1999 cayó en letra muerta.

La ilegalidad, bautizada por los urbanistas como una epidemia social, es interpretada como el resultado de las acciones complacientes y electoreras de las autoridades que, sin intervenir, abonaron el crecimiento de la informalidad.

Con un escenario repleto de comerciantes que subsisten del negocio, de extranjeros que se aventuran en el mercado y de fracasadas intenciones de ordenar la Avenida Central y Calidonia, el alcalde de Panamá, José Isabel Blandón, se propone cambiarle la cara a la ciudad a través de acciones radicales puntuales como la reubicación y modificación a la ley para controlar la actividad en manos de los extranjeros. “Muchos de los compañeros optaron por alquilar sus instalaciones y vivir de la renta, pero lo que no saben es que no todos los extranjeros andan en cosas buenas”, declara.

Sobre esta parte, en el artículo 1 del Decreto Alcaldicio 469 del 17 de abril de 2001, que modifica el artículo 20 del Decreto 25, se declara el decomiso de la mercancía, multas de $50 a $5,000 y arresto, y pasan a manos de la Dirección Nacional de Migración.