El matraqueo político seguramente se activará en los siguientes días, debido a la cantidad de diputados de la Asamblea Nacional (AN) que no lograron su reelección, lo que abre un nuevo panorama frente a los cuestionamientos de supuesta malversación de fondos públicos con las criticadas planillas, nombramientos y donaciones, en donde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) jugará un papel decisivo en el tiempo que le resta a este Gobierno.

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Esto también revive las críticas al modelo legal que aplica en Panamá, donde la Corte Suprema investiga y procesa a los diputados; y viceversa, la Asamblea se encarga de tramitar las denuncias que pudieran darse en contra de los magistrados de la CSJ.

Y esta componenda de supuesta no agresión entre ambos órganos del Estado ha sido puesta a prueba, tras las elecciones.

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Esto, debido a que el pasado 24 de abril, y a escasos días de los comicios generales, el contralor de la República, Federico Humbert, presentó 6 nuevas denuncias por supuestos manejos irregulares de fondos del Estado en la Asamblea Nacional, lo cual se sumó a 14 denuncias que presentó el año pasado a la Corte Suprema de Justicia (también al Ministerio Público) con referencia al mal uso de planillas y donaciones por parte de diputados.

Adicional, la Contraloría divulgó en su página web planillas y donaciones de los parlamentarios, dejando en entredicho no solo la integridad de estos funcionarios, sino también comprometiendo sus posibilidades de reelección.

Y aunque gran parte de la sociedad civil reclamaba estas divulgaciones, surgió también el morbo y la crítica por las reales intenciones de que se revelara al umbral de las elecciones.

Pero tanto, el presidente Juan Carlos Varela como el contralor Humbert negaron intenciones ocultas. Y la Contraloría recordó que no se habían presentado todas las denuncias, porque estaba el limitante de un amparo de garantías presentado por la presidenta de la AN, Yanibel Ábrego.

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Pero, ¿qué ocurrirá con los denunciados si dejan de ser diputados?

El abogado y exfiscal auxiliar, Neftaly Jaén, explica que proceden dos escenarios.

Primero, que de aquí al 30 de junio el pleno de la Corte se pronuncie admitiendo o no la denuncia. Si la admite, aunque no haya reelección, el proceso continúa, ya sea en la CSJ o en la justicia ordinaria (si deja de ser diputado).

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Y la segunda, que es la que pudiera abrir paso a la impunidad, es que la Corte rechace y archive las denuncias. Recordando que en Panamá aplica un principio que establece que nadie puede ser procesado e investigado por la misma causa penal dos veces.

"En estos 54 días que faltan podemos encontrarnos con sorpresas de orden de archivo o simplemente que se eximan, y eso no se quiere... lo correcto es que haya voluntad para investigar y se llegue al fondo", opinó Neftaly Jaén.

Pero el abogado Ernesto Cedeño agrega que "esto no se trata de voluntad política, sino de madurez nacional". También alertó que si al nuevo gobierno le toca "coquetear" con otros partidos en la Asamblea, la decisión puede variar, "y definitivamente vamos a seguir igual o peor".