Economista resalta que porcentaje de aumento a la gasolina no cuadra

@PanamaAmerica

¿Cómo se interpretan los recientes aumentos al combustible en Panamá?

Se sabe que el último aumento de la gasolina, a nivel internacional, fue por una huelga de refinerías en el área del Golfo, que es el punto de referencia de Panamá. La gasolina subió 3%, pero en Panamá se reflejó en paralelo un aumento de 6.7%. Esta situación obviamente favoreció a las empresas distribuidoras.

¿Un acomodo estatal?

Claro que sí. Los porcentajes no coinciden. ¿Cómo se explica que los países afectados coincidieron con el aumento de 3%, mientras que en Panamá fue superior? ¿Quién se quedó con la diferencia? Evidentemente estamos frente a un caso de especulación, que bajo este panorama favorece a la empresa distribuidora de combustible a nivel local.

¿Y el argumento de que la licitación en mención se dio legalmente?

Podrán argumentar que todo se hizo ‘legal’, pero lo que no podrán evitar es que el pueblo deduzca que aquí hubo conflicto de intereses y falta a la ética.

¿Qué lección deja todo esto?

Se confirma que la Ley de Transparencia vigente no es suficiente. Los panameños debemos insistir en que se apruebe una ley que regule específicamente el conflicto de intereses.

¿Dónde radicó la falla del Estado con esta licitación de combustible?

Todo queda en entredicho cuando, al menos, dos firmas dedicadas a esta actividad no participan en el concurso. Y este punto no es algo menor; debió ser suficiente razón para que el Estado buscara mecanismos para que otras firmas entraran a concursar.

Esta omisión es la que hace que cualquier ciudadano comience a pensar en posibles conflictos de intereses, lo cual nunca es bueno para la transparencia, o para que no existan posibles dudas relacionadas con la falta de transparencia.

¿Se adelantó el Estado al escoger a la empresa ligada al contralor?

Sí. A mi juicio el Estado se adelantó a entregar la concesión a una empresa, sin que hubiera por lo menos dos o tres más haciendo parte de este concurso.

¿Qué otra opción había?

Parar el proceso. Tratar de interesar a más empresas hubiera dejado por fuera la posibilidad, ahora latente, de que hubo conflicto de intereses.

¿Tenía el Gobierno esta potestad?

Claro que sí. Detener licitaciones ha ocurrido otras veces. Además, el Estado está en plena potestad de hacer todo lo necesario para salvaguardar sus intereses, y una mayor competencia siempre dará mejores precios.

¿Se evidencia falta de voluntad política, o intereses turbios?

Queda la duda. Lo que no se puede negar es que parar el proceso era una opción válida. Y una segunda convocatoria era una oportunidad para que el Estado interesara a otras empresas. Eso hubiera sido mejor. Y de paso quitaba las dudas.