Empresarios: triquiñuelas en compra de vehículos
Empresas chinas se quejaron de que en una licitación del Gobierno para adquirir carros, se incluyó una regla que las saca de la competencia.
El presidente Varela viajó a China, junto a un grupo importante de empresarios, y exhortó a empresarios chinos a invertir en el país. /Foto Cortesía
Las empresa chinas tienen su primer tropiezo en Panamá. Tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas y el anuncio de un posible Tratado de Libre Comercio (TLC), las automotrices del país asiático han chocado en su primer intento por venderle sus productos al Gobierno.
Un importante grupo de empresas chinas se está viendo limitado para competir en la licitación 2017-1-27-0-99-LM-001755 que ejecuta la propia dirección nacional de Contrataciones Públicas, que intenta establecer un catálogo en el que se repartirían 35 millones de dólares en compra de vehículos utilitarios, buses y maquinaria liviana.
Pero nuevamente, la compra masiva o por catálogo de vehículos, buses y equipo pesado, liviano, para el Estado es señalada de irregularidades como la discriminación y obstáculos a la libre competencia en favor de actores comerciales tradicionales o allegados al Gobierno.
El 31 de agosto del año pasado, la Dirección de Contrataciones Públicas publicó el pliego para estructurar un nuevo catálogo de compra por 35 millones de dólares que estará vigente entre el año 2018 y 2019. Incluye la compra de sedanes, camionetas, microbuses, camiones de carrocería cerrada, pick ups, paneles de carga, minicargadores y retroexcavadoras, entre otros.
La presentación de oferta estaba programada para hoy, pero el acto fue suspendido por una acción de reclamo presentado por el abogado Aurelio Alí García.
El pliego para catálogo de compra había sido corregido por solicitud de un grupo de empresas interesadas para abrirlo a la competencia con empresas distribuidoras con hasta dos años como mínimo de operaciones en Panamá, tal como se estableció en los documentos anteriores.
La Dirección de Contrataciones Públicas introdujo en el pliego de esta licitación una sexta adenda, volviendo al concepto original de aplicar un mínimo de 10 años de operación en Panamá, cerrando la competencia solo a los distribuidores tradicionales, en Panamá, de vehículos, buses y equipo pesado.
El 5 de marzo pasado, el abogado Alí García expuso en su recurso de reclamo, que se estaba violando las reglas de libre competencia y que hay un acto de discriminación con el nuevo requisito de 10 años de experiencia u operación en territorio panameño.
El reclamo hace énfasis en el numeral 8.14 del pliego de la licitación, en el que se estableció por adenda, que el proponente haya sido distribuidor autorizado por los últimos 2 años y que las marcas ofertadas hayan sido comercializadas en la República de Panamá por 10 años o más.
Este punto, según el reclamante, "limita la competencia del mercado internacional que no ha comercializado vehículos a nivel nacional, y menos por la cantidad de tiempo que se exige en este requisito que solo lo podrán cumplir los nacionales y quizás un par de marcas extranjeras".
Eduardo Corro, director de Contrataciones Públicas, reconoció que la licitación está suspendida por dos recursos. Uno de ellos, de ilegalidad, está en la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, Corro niega que haya discriminación en la licitación y afirmó que lo que se busca es un equilibrio entre precio, calidad y respaldo.
También señaló que todos los cambios al pliego de la licitación fueron homologados entre las empresas interesadas.
"Hablamos de un acto competitivo, en el que participaron 29 agencias, de las cuales califican 25", agregó Corro.
Para Ramsés Paulette, constructor y miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), es incorrecto que las autoridades impongan este tipo de "triquiñuelas", que recortan la participación de empresas y que no representan los intereses del país, porque se limita la competencia.
"Lo que tienen que hacer es abrir la competencia, porque permite obtener mejores resultados por una oferta o precio similar; este tipo de cambios radicales en los procesos de contratación afecta la imagen del país. Qué van a pensar estos empresarios chinos sobre la estabilidad jurídica, lo veo más allá de una falta de transparencia", recalcó.
En tanto, el abogado Francisco Zappi sostuvo que la situación pone en contradicción, la política del Gobierno hacia la apertura a empresas chinas, con una frase que saca de competencia al principal fabricante del mundo. "Debe ser mejor precio y mayor transferencia de tecnología".