Gobierno saldará una deuda con otra deuda
Críticos afirman que la devolución del décimo adeudado a jubilados se traduce en un populismo del Gobierno, cuyos recursos no se han concretado.
La lucha fue emprendida por un grupo de jubilados hace años, cuyo centro de operación fue el Parque Porras. Luego se dividió por diferencias de criterio. Archivo
El Gobierno Nacional insiste en adoptar políticas populistas que comprometen el erario, al no poder recaudar el dinero que se necesita para sustentar la promesa de saldar deudas atrasadas.
Así quedó demostrado con la aprobación del pago adeudado a 600 mil trabajadores que dejaron de cobrar una partida del decimotercer mes de 1972 a 1983, con la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 504, con un compromiso financiero de bancos estatales.
La iniciativa que ordena el pago de la segunda partida del décimo tercer mes a los servidores públicos y trabajadores del sector privado de esa época sustenta su financiamiento en recursos que todavía no están seguros.
El Gobierno intenta justificar el pago con fondos de decomisos en los procesos judiciales que aún se encuentran en investigación.
El propio presidente Juan Carlos Varela se ha referido a casos que se manejan en la justicia panameña, como la investigación de Riegos de Tonosí, de la que asegura, se han cautelado 10 millones de dólares, además de otros procesos que totalizan 130 millones de dólares, pero que no se han resuelto.
Figuras como el economista Fernando Aramburu Porras advirtieron que la devolución del decimotercer mes va a costar más de 366 millones de dólares. "Es simple y duro populismo; se aportó a la Caja de Seguro Social por ley", criticó.
Se cancelará en cuatro partidas. La primera, que será del 50% de la deuda, tardaría 12 meses en ser saldada, mientras que la segunda, en otros 12 meses.
También se propuso un fondo especial para el pago, creado mediante la Ley 15 de 2017, que será alimentado adicionalmente con recursos provenientes del presupuesto general del Estado.
Se trata de la norma mediante la cual se ordenó el pago de la segunda partida del decimotercer mes, a través de un fondo especial para el pago de los derechos reconocidos, cuya fuente de ingreso comprende los dineros comisados y el producto de la venta de los bienes muebles e inmuebles, bajo esta misma categoría, en los casos de condenas por delitos contra la administración pública.
El proyecto 504 propone un medio de liquidación en la forma de certificado de pago negociable, conocido como Cepadem.
Estos bonos han generado discordia entre grupos de jubilados, debido a que su sola creación provoca que no sea cancelado al 100% como exigieron en un inicio.
Ayer el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez Velásquez, explicó que por el momento, el Banco Nacional de Panamá será el agente que reciba esos documentos, los cuales serán canjeados con base en lo que determine su directiva.
Para calmar los ánimos, el funcionario dejó claro que el banco estatal podría quedarse hasta con 10% del valor nominal del Cepadem y no como ocurrió con certificados similares como el Cerpan, creado para devolver un fondo que aportaron servidores públicos, que fue cambiado hasta en 50% por entes que calificó de agiotistas.
El titular espera que la Caja de Ahorros y la Caja de Seguro Social se sumen a comprar estos bonos a sus beneficiarios.