Grupos adeptos a JC Varela crean división en la sociedad

Enarbolando la bandera de búsquedas de soluciones ante la crisis judicial que hay en el país, grupos pro gubernamentales que responden a intereses del presidente de la República, Juan Carlos Varela, crean el divisionismo en la sociedad civil.

Cuando todos los grupos de la sociedad civil parecían haber unido voces en una campaña denominada #JusticiaRenuncia para exigirle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) independencia y celeridad en los procesos, el Movimiento Independiente (Movin) optó por dialogar con los máximos representantes del Órgano Judicial.

Esto generó el descontento de aquellas organizaciones civiles y de justicia que integran la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Solo el jueves, de forma inesperada, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, remitía una carta a la Alianza Ciudadana Pro Justicia en la que dejaba saber la posición de la junta directiva del gremio de no seguir siendo parte de esta organización.

A pesar de que Juan Carlos Araúz, vicepresidente del CNA, señaló que la desvinculación del colegio no guarda relación con contradicciones que hayan tenido con la Alianza Ciudadana Pro Justicia, al dirigente Mauro Zúñiga le sorprendió totalmente esta acción.

Le crea cierta suspicacia, toda vez que justamente el CNA decide separarse de Alianza Ciudadana cuando estos están haciendo fuertes señalamientos y críticas de que Ayú Prado no puede continuar en la CSJ y, sobre todo, por su participación en el caso de Financial Pacific.

Lo acontecido llevó a Zúñiga a recordar las declaraciones que una vez hiciera el abogado Carlos Herrera Morán, quien ha denunciado que el actual presidente del CNA responde a Varela.

"Lo que interpreto es que hay bastante relación entre Varela y la actual directiva del colegio", resaltó el exdirigente de la Cruzada Civilista.

Al respecto, Araúz desmintió que obedecen o guardan vinculaciones políticas con algún partido; señaló que la participación del colegio siempre está fundamentada en sustento a lo que la ley contempla.

Reiteró que la desvinculación con la Alianza Ciudadana fue una determinación de la junta directiva para que todas las decisiones del CNA sean únicas y exclusivamente de reflexiones que lleve la directiva y no por delegación de otras organizaciones.

Esto como parte de una metodología de trabajo para una nueva administración del colegio, de manera de permitir que los directivos cumplan las responsabilidades para las que fueron electos y asuman un rol protagónico en cada decisión nacional que se presente.

Sobre el papel de Movin, Zúñiga cuestiona que trate de venderse como una especie de conciencia crítica, lo que no es cierto, porque es un movimiento que respalda a Varela. "Es una especie de sombra del actual presidente", agregó.

Acotó que Movin es dirigido por Stanley Motta y que lo que está haciendo es un parapeto.

Considera que deben manifestarse de forma enérgica, señalando que el responsable de la corrupción que se mantiene en la Corte es Varela.

Zúñiga señaló que si el presidente realmente quiere depurar la CSJ solo debe recurrir al artículo 2 de la Constitución de la República, que establece que el poder público emana del pueblo y convocar a un referéndum en el que los panameños digan si están de acuerdo con que se mantengan los magistrados de la Corte.

Maribel Gordón, del Frenadeso, comentó que han sido claros de cómo estos sectores de poder económico se han estructurado en supuesta sociedad civil y con cobertura de participación en ciertos espacios, convirtiéndolos en voces cuando no representan a ninguna organización en concreto.

Al estar vinculados a grupos de poder económico, para Frenadeso no son representativos y no tienen voz de movimientos sociales.

"Creemos que eso tiene que ver con esta situación que comienza a manifestar el descontento de algunos grupos sociales", señaló Gordón.

A su juicio, la partidocracia trata de articular sus estructuras en algunos sectores gremiales para seguir imponiendo medidas que son nefastas. Tampoco duda que en el acercamiento de Movin con los magistrados de la Corte haya un interés oculto para seguir usurpando instancias y mantener el poder .

Otro que no tiene recelo de decir que el Gobierno viene desarrollando una política de debilitamiento de la sociedad civil, a través de distintos mecanismos que pueden ejercer desde el poder, es el catedrático Miguel Antonio Bernal.

Métodos que van desde la designación de personas que otrora defendían posiciones desde la sociedad civil y que han abandonado completamente las posiciones que los caracterizaron.

Sobre la decisión de la Alianza Ciudadana al no respaldar a Movin en la reunión con los magistrados de la CSJ, a Bernal le parece justificada.

A su parecer es una acción montada de la Corte y violatoria del Código Judicial y de normas internacionales del comportamiento que deben tener las corporaciones de justicia.

En ese sentido, resaltó que la Alianza Ciudadana no ha dejado de pertenecer al llamado Pacto por la Justicia, pero que hay elementos adictos al poder actual que están remando para debilitar a la sociedad civil, dado que ahora mismo no cuenta con ningún tipo de oposición político partidista y le temen a los planteamientos de los sectores de la sociedad civil.

En tanto, Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, no cree que hay nada que conversar con los magistrados de la Corte. "Que rindan cuenta a los ciudadanos. Las palabras sobran cuando los acciones lo dicen todo. Que hagan su trabajo", son algunas de sus publicaciones en Twitter, donde manifiesta su posición sobre el tema.