Justicia selectiva reina en el Ministerio Público

Las investigaciones en el caso de la constructora Norberto Odebrecht y el supuesto pago de sobornos en Panamá están plagadas de irregularidades.

Los fiscales del Ministerio Público, a cargo de la procuradora Kenia Porcell, solo investigan a los opositores al gobierno del presidente Juan Carlos Varela y protegen a personas allegadas al oficialismo, como es el caso de Margarita Niño, cuñada del diputado oficialista José Luis Varela.

Allegados al Gobierno que aparecen en el expediente ni siquiera han sido llamados a declarar.

La cuñada del diputado Varela, junto a su esposo Juan Antonio Niño, aparecen como firmantes en una cuenta de la sociedad Active Capital Holding que movió dineros vinculados a la brasileña Odebrecht.

Hasta el momento, no han sido citados al Ministerio Público y tampoco existe medida cautelar contra ellos.

Las sociedades Active Capital Holding junto a Constructora del Sur aparecen dentro de una asistencia judicial que remitieron las autoridades judiciales suizas, tras determinar que a través de las mismas se movieron millonarias sumas de dinero vinculadas a Odebrecht.

Al igual, en el expediente que adelantan los fiscales panameños, aparece que la firma de abogados del diputado oficialista Jorge Alberto Rosas recibió más de un millón de dólares de una sociedad relacionada a Odebrecht.

Según fuentes vinculadas al proceso, la procuradora Porcell ha sido flexible, incluso con la empresa Odebrecht en Panamá.

No se han realizado allanamientos y es poco lo que se ha hecho para que comparezcan ante los despachos de instrucción.

Incluso, se conoció que durante el mes que estuvo blindado el expediente, los abogados de los brasileños presentaron algunos recursos para acogerse a acuerdos.

Porcell y sus fiscales han ejercido toda clase de acciones contra los opositores de Varela y su exconsejero presidencial Ramón Fonseca Mora, quien permanece detenido junto a su socio Jürgen Mossack por este caso.

Ayer, Jorge Hernán Rubio, allegado a Fonseca Mora, dijo en conferencia de prensa que los fiscales han instruido un expediente sin contar con pruebas que sustenten las detenciones.

El pasado lunes, Ramón Mendoza, abogado de María Mercedes Riaño, encargada de la representación de la firma Mossack Fonseca, en Brasil, denunció que la misma fue víctima de presiones ilegales por parte del Ministerio Público, incluso con amenazas temerarias, para que firme un convenio de Delación Premiada.

En el noticiero de Telemetro, Mendoza relató que en medio de una diligencia judicial, su cliente fue abordada por tres fiscales, entre ellos Vielka Broce, quien no es parte de la investigación, para presionarla a que se declarase culpable del delito de blanqueo de capitales y acusara a Fonseca Mora.

Por este caso existe una denuncia formal presentada por Mendoza por considerar que los fiscales abusaron de sus cargos.

La abogada de Fonseca Mora, Guillermina McDonald, denunció que "no existe presunción de inocencia", pues se acusa a sus clientes, pese a que no se ha revelado el monto investigado ni las fechas de procedencia de los dineros investigados en una cuenta de la firma que recibió dineros de su filial en Brasil.

McDonald señaló que "la fiscalía fue incapaz de decir el monto de dinero que investiga o desde cuándo presuntamente se cometió el delito".

Selectividad

Hechos como estos demuestran que en Panamá se sigue practicando la justicia selectiva, señaló anoche el comentarista Juan Carlos Tapia, en su programa Lo Mejor del Boxeo.

Esbozó que si no se cuenta con la bendición papal (en referencia a Varela) o se le paga a la taquilla, el destino de las personas acusadas, sin que haya pruebas suficientes contra ellas, es seguir detenidas.

Tapia se centró en el caso de la Caja de Ahorros, por el que ha realizado comentarios en anteriores ocasiones en las que ha calificado como injusta la detención de Riccardo Francolini.

Destacó que esto ha incidido en que, en la actualidad, en la directiva del banco estatal no quede ni un independiente, solo miembros del Gobierno.