Precaristas desafían la ley; 353 invasiones en el país

La media hectárea -totalmente plana- está incrustada en una zona con potencial de cotización creciente; frente a la autopista Arraiján-La Chorrera, colinda con un proyecto de desarrollo inmobiliario y cerca de una de las dos escuelas de excelencia que se han construido en el país. El panorama contrasta con las escuálidas estructuras de plástico, cinc, madera, cartón y tela, que un grupo de precaristas levantó en el lugar.

Y aunque no tienen agua ni electricidad (legales), los techos de sus casas cargan antenas de televisión satelital.

A pesar de que la ley ahora tipifica como delito la invasión, existe un referente histórico que anima a estos grupos a insistir en sus pretensiones.

Solo en el distrito de Arraiján, 13 de sus barridas se iniciaron como invasión, pero actualmente están legalizadas... 7 de Septiembre, La Paz, Loma Cová, Sector 8, Barriada Cristal o Peña Blanca, entre otras.

Y no es asunto de décadas pasadas. En años más recientes se han logrado legalizar sectores como Rogelio Paredes, La Alameda, 13 de Febrero, El Toro, Los Campesinos, Nueva Luz y Los Guayacanes.

Y el asunto continúa. Actualmente están en trámites de disputas legales cuatro nuevos sectores, ocupados por 1,160 familias que se niegan a desalojar, según datos ofrecidos por el Municipio de Arraiján.

Algunos de estos nuevos brotes ha logrado dilatar hasta por 6 años los procesos de desalojo.

Según informes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en el país se han reportado 353 asentamientos informales, la mayoría a terrenos privados.

Según el abogado Eduardo Molinar, coordinador de corregidores de Arraiján, cuando ya hay ‘estructuras’ levantadas, la ley exige un procedimiento que lleva más tiempo, con los respectivos traslados a las partes, audiencias y apelaciones.

Incluso cuando todas las instancias legales se agotan, como ocurrió con los precaristas de Cerro Silvestre, se las ingenian para presentar amparos de garantías constitucionales, acompañados con otras medidas de presión como cierres de calles y huelgas de hambre.

“Es una responsabilidad compartida: de los intrusos a respetar las leyes y buscar otras opciones, y de los propietarios a mantener sus terrenos vigilados, dando aviso de ocupaciones en tiempo oportuno”, recomienda Molinar.

Una de estas opciones sería ubicar terrenos municipales.

Pero, en el caso de La Chorrera, el alcalde Javier Herrera advierte que ya se agotaron los terrenos municipales para tales fines.

Y agrega que, durante su administración, ninguna ocupación espontánea ha sido legalizada.

“Y yo espero que la alcaldesa entrante tenga presupuesto para aumentar la cantidad de inspectores de construcción, ya que los cuatro actuales no dan abasto”, adelantó Herrera.

Aun así, en La Chorrera existen invasiones en Puerto Caimito, Barrio Colón y Playa Leona, que seguramente se animan por el éxito en la legalización que lograron en los últimos 20 años los 3 primeros sectores de El Progreso.

Pero si en el oeste llueve, en muchos otros territorios de la nación no escampa.

Según la Dirección de Asentamientos Informales del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), hay 352 invasiones en el país, la mayoría en la provincia de Panamá... ¡y no solo en las afueras!

“Esos céntricos terrenos de Viejo Veranillo se poblaron por invasión, y siguen siendo propiedad de la Universidad de Panamá”, explica su secretario general, Miguel Ángel Candanedo.

Drama humano

“Nosotros estamos organizados para que se nos considere más que simplemente cifras”, dice Dayana, que junto a sus 6 hijos (ver foto derecha) conforma una de las 28 familias que desde 2010 ocupan terrenos privados en el sector de La Milagrosa.

Ella recuerda que al inicio eran 60 familias. Pero ya han desistido los que buscaban dinero fácil o tenían sus casas. “Yo no tengo adonde ir; estoy aquí por necesidad”, dice Dayana, quien vende rifas para ayudar a mantener su hogar.

“Es cierto que el precarismo esconde mucha sinvergüenzura. Pero también hay casos de auténtica necesidad, de gente con hijos que merecen una vida mejor. ¡Es un gran dilema!”, confiesa el abogado Pedro Silvera.

¿Justificación?

La Constitución, en los artículos del 47 al 51, detalla las normas básicas para poseer propiedades, con base en los derechos individuales. El artículo 47 garantiza la propiedad privada con apego a la ley, mientras que el artículo 48 indica que la propiedad privada implica obligaciones del dueño.

El espacio a interpretación surge cuando el Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios. Pero el artículo 51 recuerda que, en caso de interés social urgente, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada.

Y tras el aumento de invasiones ilegales, la ministra del Miviot, Yasmina Pimentel, propuso una ley para aumentar las sanciones a los invasores.

Así, el 19 de junio de 2013, entró en rigor la Ley 44 de 2013, que modifica artículos al Código Penal y aumenta las sanciones con prisión de 1 a 3 años a quienes, sin autorización, ocupen un terreno o edificación ajena. Pero esto no ha impedido que el precarismo siga.