'Procuraduría paralela' armó miles de expedientes

El Ministerio Público (MP), a través de sus redes sociales, publicó que ha realizado un total de 1,656 investigaciones de hechos ocurridos entre el 2009 y el 2014, durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, muchos de esos procesos podrían haberse iniciado en la "procuraduría paralela", dirigida desde el Consejo de Seguridad Nacional.

Desde el 2014 al 2018, cuando se inició la persecución política contra opositores al gobierno del presidente Juan Carlos Varela, según el Ministerio Público, se han imputado cargos a 1,194 personas, en muchos de estos procesos los acusados han sido absueltos en los juzgados por falta de pruebas, y los fiscales han apelado.

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La procuradora general de la nación, Kenia Isolda Porcell, no ha dado explicaciones convincentes de su participación dentro de la red que es acusada de armar expedientes ilegales contra exfuncionarios y para lo cual la Presidencia de la República pagó más de 300 mil dólares a la firma forense del abogado particular Rogelio Saltarín.

El escándalo salpica también al director del Consejo de Seguridad, Rolando "Picuiro" López, y varios ministros y directores de entidades gubernamentales que, aparentemente, le proporcionaron datos a la "procuraduría paralela" para que iniciara la cacería contra los exfuncionarios.

Esto tras la publicación del diario La Estrella de Panamá que destapó el escándalo de cómo operaba la firma del abogado Saltarín para armar los expedientes y darles seguimiento en los despachos judiciales con el supuesto contubernio de Porcell y López.

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La persecución política llevó al Ministerio Público a ordenar la detención preventiva de 143 personas; a gran parte de ellos les violaron sus derechos y los fiscales fueron denunciados en su momento por los abogados de violar el debido proceso.

Muchos litigantes denunciaron que durante las indagatorias en las fiscalías anticorrupción estaban presentes miembros del Consejo Nacional de Seguridad, lo que se confirmó con el destape del escándalo de injerencia en el sistema de justicia por parte del presidente Juan Carlos Varela.

El informe del Ministerio Público también revela que se otorgaron 372 medidas cautelares diferentes a la detención preventiva, se aplicaron 143 detenciones preventivas y los juzgados penales concedieron 59 fianzas de excarcelación.

Tras el escándalo de cómo se confeccionaron las sumarias, abogados pedirán la nulidad de la mayoría de estos procesos penales que publicó recientemente el Ministerio Público y en los que se ha declarado ya dos nulidades parciales.

Hasta el momento, lo único que se ha avanzado, luego de que saliera a la luz este escándalo es que el procurador de la administración, Rigoberto González, inició una serie de diligencias en torno a una denuncia interpuesta contra la procuradora Kenia Porcell. Y para ello solicitó la información correspondiente.

Para el abogado Alejandro Pérez, todos los procesos que se armaron desde la "procuraduría paralela", que funcionaba desde la presidencia, son ilegales.

Muchos procesos, después de ser armados en la "procuraduría paralela", eran llevados adelante por el Ministerio Público.

Ante esto, Pérez es del concepto de que los mismos deben ser declarados nulos en su totalidad.

En tanto, Luis Eduardo Camacho indicó que la mayoría de los expedientes que el Ministerio Público le ha dado curso en estos últimos años fueron levantados de forma ilegal en la "procuraduría paralela".

Camacho añadió que muchos de estos casos se armaron de mala manera y se seguirán cayendo.