Siguen abusos a adultos para quitarles dinero de 120 a los 65

Acciones deplorables durante el cobro del beneficio del programa social 120 a los 65 han sido detectadas y denunciadas.

Los actos provienen de algunos familiares de los adultos mayores beneficiados, quienes emprenden todo tipo de argucias para adquirir el dinero del programa.

Las situaciones son diversas: desde que los adultos mayores son sacados de los hospitales, aún convalecientes, para ir a cobrar el beneficio; o de sus asilos, luego de haber permanecido por años en ellos; hasta el abandono en las calles después de acompañarlos a retirar su dinero.

Las autoridades han tenido que conversar con los hospitales y asilos para que no les permitan la salida de estas personas, sino hasta que se mejoren y se valgan por sí solos para retirar el beneficio.

Según el sociólogo Marco Gandásegui, desde el punto de vista social se trata de una conducta totalmente ilegítima que debe ser condenada, pero consideró que esto es una muestra de la "tragedia humana".

El experto explicó que en este tipo de personas hábiles no existe ese círculo familiar o de solidaridad, posiblemente, por una larga vida de convivencia en la que el ahora adulto mayor no fue solidario con sus hijos, sobrinos o parientes más cercanos, y la falta de este valor humano, al no ser transmitido, hace que se comporten de una forma "inhumana".

A juicio de Gandásegui, la sociedad y el ente responsable, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), deben averiguar a fondo cómo darles a estas personas un sentido más solidario a sus parientes.'

120

dólares mensuales son entregados a las personas adultas mayores de 65 años o más sin jubilación ni pensión.

2014

fue el año en que el programa pasó a denominarse 120 a los 65, pues fue concebido como 100 a los 70.

5

requisitos al menos tienen que cumplir sus participantes, entre ellos, ser de nacionalidad panameña.

Precisamente, encargados del programa en el Mides aseguraron que reciben un sinnúmero de denuncias incluso por disputas o conflictos entre familiares que se pelean la representación legal y así cobrar el dinero del adulto mayor, razones que son motivo de investigación.

Este escenario es constante, porque cuando el adulto mayor presenta alguna discapacidad, enfermedad o tiene algún impedimento de fuerza mayor que le imposibilite andar, ya sea de carácter permanente o no, debe realizar a través del representante legal, un trámite especial para ser incluido a la planilla especial de encamados.

La viceministra del Mides, Michelle Muschett, dijo que es necesario que se dé a conocer este tipo de casos, presentando el reporte ante la entidad para enviar a los trabajadores sociales e inicien inspecciones, pues los anteriores casos no son el objetivo del programa 120 a los 65.

En estos casos de aprovechamiento de familiares, dependiendo cada uno, existen sanciones para los familiares que abusan de los adultos mayores, y llegan incluso a ser temas penales.

Pero, a juicio de la activista por los derechos humanos, Corina Rueda, programas como 120 a los 65 muchas veces no consideran todas las dificultades que enfrenta esta población vulnerable.

Mientras, la viceministra Muschett detalló que el Mides recibe también los casos de abusos o de maltratos de adultos mayores para analizarlos y atenderlos.

De hecho, datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dan cuenta de que en los países desarrollados, entre un 4% y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa.

Este maltrato en los ancianos puede ocasionar daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración, de acuerdo al organismo.

Para Rueda hay que tomar en cuenta la precariedad y el abuso en el que viven muchos adultos mayores y consideró que no poseen un marco legal como tal que los respalde.

Durante el mes de agosto de este año se publicó en Gaceta Oficial el Ley N.° 36 que establece la normativa para la protección integral de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Entre los objetivos del proyecto se encuentra el garantizar la defensa de los derechos de las personas adultas mayores para la satisfacción de sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestuario, seguridad, esparcimiento, trabajo y atención social.

Depuración

El Mides también comenzó un proceso de depuración del programa 120 a los 65, porque, según la entidad, muchos de los adultos mayores no cumplían con los requisitos del programa al no encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, marginación, riesgo social o pobreza, que se plantea.

Ya son menos los adultos mayores sin jubilación ni pensión que reciben el beneficio; pues en lo que va del 2016 se han excluido a 11 mil 426 personas, y de esas, 961 han apelado a esta decisión y han presentado solicitudes de reconsideración.