Sociedad civil no está conforme ante caso de red criminal en la CSJ
El Órgano Judicial está en el ojo de la tormenta. En momentos en que se escogen a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de ...
El allanamiento en la Corte Suprema de Justicia se dio el pasado jueves, 12 de noviembre. / Archivo
El Órgano Judicial está en el ojo de la tormenta.
En momentos en que se escogen a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha surgido una serie de revelaciones que indican la filtración del crimen organizado en los tribunales de justicia.
La captura de 13 funcionarios que vendían libertades y la posible existencia de un clan conformado por abogados, denominado "La Taquilla", han sido algunos de estos hechos que han escandalizado a la opinión pública.
Para Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el problema es más grave, al punto que considera que hay varias bandas criminales funcionando en el sistema de justicia.
Las palabras de Castillo se dieron en el programa Radar de TVN, en el que señaló que "para que haya corrupción tiene que haber dos", al hacer alusión a que los funcionarios detenidos no son los únicos responsables.
Para Castillo, así como expusieron a los funcionarios, también las autoridades tienen que dar los nombre de los abogados o las firmas que se beneficiaron con estas órdenes de libertades.
"Necesitamos nombres de abogados, de firmas y de jueces que permiten que estas cosas se estén dando en sus oficinas", destacó Castillo, quien consideró que la población no se puede conformar con que se hayan exhibido únicamente a funcionarios de bajo nivel.
Las detenciones de funcionarios del Órgano Judicial fue el resultado de una denuncia que interpusiera el presidente de la Corte, José Ayú Prado, ante la Fiscalía Auxiliar.
Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados ponderó lo sucedido en la Corte, por considerar que la denuncia vino de "las entrañas del Órgano Judicial".
Destacó que ahora le toca al Ministerio Público seguir investigando para que se conozca a los funcionarios de alto perfil o los abogados implicados en este delito, para establecer responsabilidades.
"Con este hecho se acabaron las denuncias de pasillos", destacó Araúz, al reconocer que se ha dado un avance en la administración de justicia.