Varela busca intimidar a la opinión pública

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, busca intimidar a la opinión pública, a fin de desviar la atención tras el fracaso en sus diversas estrategias de seguridad aplicadas.

Ello, tras darle orden al ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, a que aplique el artículo 260 del Código Penal que sanciona con prisión de dos a cinco años a quien divulgue noticias falsas que pongan en peligro la economía nacional o el crédito público. Función que, a juicio de expertos, debe recaer sobre las autoridades judiciales y no sobre el Ejecutivo, que lo puede usar para perseguir a sus adversarios políticos y miembros de la sociedad civil que han cuestionado los altos niveles de inseguridad que vive el país, y que actualmente es considerado como el problema que más preocupa a la población panameña.

Según la encuesta de Dichter & Neira correspondiente al mes de mayo, el 43% de los encuestados consideran la inseguridad como el principal problema que los afecta, por lo que subió 13 puntos porcentuales en consideración con el mes de abril, cuando se ubicó en un 30%.

Mientras, uno de cada tres panameños considera que el nivel de seguridad no mejorará y, por el contrario, empeorará en lo que resta de la administración del presidente Juan Carlos Varela.

Presentan recurso

Tanto ha sido el rechazo hacia la exigencia del mandatario a que se cumpla con este artículo que en el día de ayer el abogado Kevin Moncada Luna presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 260 del Código Penal actual, por considerar que el mismo viola el artículo 37 de la Carta Magna de Panamá.

El artículo 37 de la Constitución señala que "toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o contra el orden público".

El jurista destaca dentro de su demanda que, aunque la norma es benéfica para la sociedad, si se analiza el asunto exhaustivamente, el artículo en mención contiene un compás muy abierto, en el sentido que deja al libre albedrío del funcionario de instrucción o del juzgador qué es una noticia falsa".

A su juicio, también deja a una amplia discreción del funcionario la determinación de si puso en peligro o no el crédito público nacional.

El abogado considera que en lo atinente al tema de la "peligrosidad" o de la "puesta en peligro" de la economía nacional es delicado que el artículo acusado no explique cuáles son los parámetros para definir en qué caso se pone en riesgo la economía.

Moncada Luna indicó que la continuación de la vigencia del artículo 260 puede ser usado para perseguir, amedrentar y aplicar a opositores que critiquen en las redes sociales la gestión gubernamental.

Esto máxime cuando el presidente hace poco dijo que instruyó al ministro de Seguridad a que aplique este artículo, a raíz de publicaciones que circulaban en las redes sociales sobre supuestas noticias falsas.

En el día de hoy, la Corte Suprema hará el reparto de los expedientes para ver a qué magistrado le toca ser el ponente de la demanda que presentó el abogado Moncada Luna en contra del artículo 260 del Código Procesal Penal.

Rechazo

Ante el anuncio del presidente, el comentarista político Juan Carlos Tapia publicó en su cuenta de Twitter: "¿Merecemos las amenazas del presidente que va a perseguir las noticias falsas en las redes cuando esperamos de él medidas antiasaltos?

Otra de las que mostró su rechazo fue la diputada Zulay Rodríguez, quien dijo por vía Twitter: "Este gobierno incapaz busca intimidar y silenciar a aquellos que no compartan su opinión en las redes. Varela = Maduro. #NoALaCensura".

Mientras, Arnulfo Arias Olivares manifestó que "hay diferencia en divulgar una noticia y transmitir información. Una noticia siempre tiene información, pero no toda información es noticia".

Por su parte, Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá, señaló que la suspicacia política indica que detrás de solicitud de la aplicación del artículo 260 del Código Penal lo que busca es dañar la crítica.