Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, precisó que Panamá viene de un proceso de desarrollo en su marco legal como la Ley 23, que se conoce como la "Ley Antiblanqueo", que regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes, la penalización con cárcel de la evasión fiscal.

El superintendente Ricardo Fernández resaltó que no es bueno estar en ninguna lista negativa y debe evitarse y seguir comunicando los progresos y los avances que han tenido.

La propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ha generado un repudio general.

La Asociación Bancaria de Panamá además desconoce la metodología o criterios objetivos que han llevado a la Comisión Europea a incluir a Panamá en esta lista.

Además de la firma de este acuerdo MCAA, se está trabajando en la normativa doméstica que establece la obligación de presentar estos reportes en Panamá.

El abogado Felipe Chen explicó a Panamá América que "en la Ley se viola el artículo 19, 21 de la Constitución de la República y crea discriminación, dado que a un evasor le dan un trámite administrativo y a otro uno penal".

La personas que incurran en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años.

A mediados del próximo mes de febrero el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentará un informe de seguimiento a Panamá.

Lo que no le dicen al pueblo panameño es que estas instituciones financieras nos convierten en una especie de recaudadores, a como dé lugar, de dineros para ellos y sin respetar métodos ni formas, lograr que esos dineros vayan a parar a manos de ellos.