Advierten promoción de un 'estado salvaje de persecución' en el país
Como un atentado al libre ejercicio de la profesión de abogado han sido calificadas las auditorías realizadas a los bufetes por orden del Gobierno. En ...
Los juristas advirtieron que estas acciones del Ejecutivo desestabilizan al país. / Víctor Arosemena
Como un atentado al libre ejercicio de la profesión de abogado han sido calificadas las auditorías realizadas a los bufetes por orden del Gobierno.
En estas últimas semanas, varios juristas han debido exponer sus ingresos y someterse a revisiones por parte de entes fiscalizadores como la Dirección General de Ingresos (DGI).
Ante esto, diversos grupos advierten que se podría dar cabida a una crisis en la libre ejecución del ejercicio profesional.
El abogado Sidney Sittón, quien recientemente recibió la inspección por parte de la DGI en una de sus oficinas, calificó la situación como una violencia institucional del Estado.
"Es cuando el Estado junta los poderes que le han sido conferidos, a través de las diferentes instituciones, para perseguir y violar derechos humanos, para someter o acallar voces", indicó el jurista.
Agregó que todo forma parte de un estado salvaje, contra todos los que han alzado su voz de protesta, y deja en evidencia su condición perseguidora.
En tanto, el exviceministro de Gobierno Alejandro Pérez, señaló que se está tratando de intimidar y menoscabar el esfuerzo que ha venido desempeñando un grupo de abogados.
"Estamos comprometidos y somos personas con convicciones muy profundas; no vamos a permitir que nadie atente contra el libre ejercicio de nuestra profesión", destacó.
Añadió que no existe temor, pero sí deben advertir que en un Estado de democracia, el que se utilicen instituciones como la DGI para menoscabar una profesión, produce una desestabilización del país.
Este mismo grupo de abogados sustentó que el Gobierno utiliza "los juicios mediáticos como una estrategia para ejercer presiones indebidas".
Esto, al ordenar la apertura de procesos, como la investigación de oficio girada por la Contraloría General de la República contra la coordinadora del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, la exministra Alma Cortés.
La situación ha llegado al punto que los juristas han creado una comisión para defender su profesión.