Derecho al agua

La privatización del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan) es una opción que rechaza el pueblo panameño. Corresponde al Estado la responsabilidad del suministro de agua potable por tratarse de un servicio estratégico eminentemente público. La Constitución establece que “es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución, rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta como el completo bienestar físico y social”.

Asimismo, el servicio público del agua está implícito en el dispositivo constitucional que dispone como deber del Estado “garantizar que la población viva en un ambiente sano libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”.

El servicio público del agua potable es un derecho social consagrado no solo por la Carta Política de Panamá, sino por la legislación internacional. Por consiguiente no puede alterarse los mandatos constitucionales con nuevas formas jurídicas no contempladas en servicios públicos que permitan el ingreso de accionistas privados dentro de un régimen societal que convierta el agua en una mercancía.

La conversión del servicio público del metro en una sociedad anónima con accionistas privados abrió una puerta que podría dar cabida a la entrega de servicios estatales a personas naturales y jurídicas. Se trata de una modificación constitucional que corresponde realizar mediante los procedimientos señalados en la Carta Política o a través de una Asamblea constituyente.

Es oportuno tener presente que se prometió en el curso de la campaña electoral la extensión de la red de alcantarillado a nivel nacional, satisfaciendo una necesidad social a cargo del Idaan, cuya creación institucional involucra el alcantarillado y al agua potable.

El esfuerzo financiero del alcantarillado representa un deber que el Idaan está obligado a encarar ya sea con recursos propios obtenidos del pago de servicios, ya sea con préstamos de la banca internacional con aval del Estado. Si el financiamiento privado panameño puede fortalecer las arcas del Idaan afectadas por la morosidad de los usuarios, debería debatirse con la participación de la sociedad civil, trabajadores y las autoridades del Idaan como proponentes a la iniciativa.

Cuando el gobierno anterior propuso cambiar el Idaan con la creación de la Autoridad del Agua, surgieron objeciones políticas de sectores que hoy se escabullen de la definición de posiciones.

El suministro del agua y el financiamiento del alcantarillado constituyen un tema de Estado que hay que analizar en forma objetiva y científica. No se conoce si existen estudios técnicos sobre el programa de alcantarillado y el alcance del financiamiento, lo mismo que la dotación de agua potable en los lugares que no cuentan con el servicio, y si lo tienen, pero con anomalías.

Debemos resolver la angustia de los pobladores que impiden el tránsito como recurso extremo para demandar abastecimiento regular de agua. Los tanques sépticos deben ser reemplazados con un alcantarillado a nivel nacional porque constituye una responsabilidad estatal ineludible.