Malinchismo y Chauvinismo

Para los mexicanos, malinchismo es el epítome de la conducta entreguista y servil de un connacional frente a los extranjeros.

Chauvinismo, un término de origen francés, pero internacionalizado, sería su opuesto, una actitud radical de negación a lo extranjero (a veces se confunde con el machismo radical).

En Panamá decimos xenofobia, como eufemismo.

La Malinche, es la figura emblemática de la mujer indígena que se entregó a Cortéz y que entregó a su nación al dominio español, sirviéndole de traductora e interprete de la cultura indígena.

En Panamá hay mucho malinchismo (concepto que también incluye a los hombres), y un chauvinismo apenas recalcitrante.

El nacionalismo, su expresión razonable, ha sido matizado precisamente por esa tendencia de ver en lo extranjero lo bueno y lo mejor frente a lo propio.

Esta actitud no es de ahora, sino que tiene probablemente su centenio o algo más.

Es más propia de las elites, pero cuando baja a las clases populares, lo hace por vía del clientelismo inducido por un sistema de autoridad vertical, que ni el liberalismo más radical logró disolver.

Por el contrario, los liberales fueron liberales en lo económico, pero conservadores en las relaciones sociales, es decir, le impusieron a las clases populares su visión de libertad de comercio, pero de restricción ante la autoridad, y de ahí que la entrada de los norteamericanos se convirtiera en un fenómeno al que se adaptaron rápidamente, provocando apenas espasmos de protestas cuando sus intereses quedaban vulnerados.

Lo contrario ocurrió con los negros de origen antillano, historia conocida pero mal entendida.

Si la tolerancia es una marca de nuestro cosmopolitismo, éste es un fenómeno de hecho, igualmente no razonado pero que requiere, en el marco de la convivencia humana, principios más claros, culturalmente interpretados, y normativas específicas.

Recuerdo cierto interrogante entre asistentes a una presentación de un libro, en el que un participante se preguntaba retóricamente si en Panamá había xenofobia.

Nadie contestó, pero fue una oportunidad para elogiar el papel de los extranjeros en Panamá en un contexto donde el panameño mestizo apenas si lograba aportar algo más que su fuerza de trabajo.

Ciertamente, la imagen que estoy seguro la mayor parte de los presentes estuvieron en mente, no era la de extranjeros de color, con algunas excepciones (como cuando sentimos la amenaza de los refugiados de Haití, comparado con la recepción de los cubanos, la mayoría blancos, representativos de una estirpe caucasoide).

Las elites blancas de Panamá buscan sus pares en esos inmigrantes, especialmente si provienen de Europa o los Estados Unidos.

En todo caso, la xenofobia que aparentemente tiende a manifestarse en algunos sectores, particularmente populares, deviene no tanto del problema racial, sino de la competencia por los puestos de trabajo en los niveles de mayor pobreza.

Eventualmente crecerá en la medida en que las nuevas políticas económicas de apertura condicionen una mayor competencia entre los profesionales de clases medias, grupo que ha vivido hasta ahora con cierta comodidad pero en los que sus competencias serán puesta a prueba bajo el signo del liberalismo que asigna derechos a los más capaces.

Con este criterio de darwinismo social, renovado de manera sutil, se justifican muchas acciones estatales y seguramente del sector privado.

Ser extranjero y blanco tiene una ventaja sobre otras tonalidades de la piel.

Tener el cabello rubio, los ojos verdes o azules, son cualidades somáticas percibidas como superiores por una comunidad que asoció el poder con estas características.

Mientras más oscura la piel, las oportunidades sociales se reducen (no se pierden del todo, pues dependen de la inteligencia u otras cualidades tanto físicas como conductuales que en nuestra sociedad se han convertido con el tiempo en estrategias de supervivencias aceptadas, como la locuacidad, la audacia, la prepotencia, el desprecio por las reglas).

Es cierto que todo país debe tener una política migratoria, pero la nuestra, que nunca ha sido una política coherente, tiene como fundamento subyacente, los principios racistas de inicios del Siglo XX, cuando era común formular leyes inmigratorias que prohibían el arribo de asiáticos, negros, y se promovía la inmigración de Europeos, especialmente de los países más desarrollados, como Alemania, Inglaterra o Francia.

Esto no funcionó del todo, pues también muchos de estos inmigrantes tenían sus propios prejuicios en torno a los países tropicales como el nuestro, y preferían climas templados.

Nuestro malinchismo (o nuestro memismo-que suena mejor que anayansismo) funcionaba creando toda clase de oportunidades para la radicación de estos ejemplares de raza y culturas superiores.

Tal vez debería aclarar que cubiertos por el principio de los derechos humanos, se propicia en Panamá la inmigración fraudulenta de indocumentados gente de todas partes, asiáticos que han engrosado las viejas colonias de estos grupos, y latinoamericanos, proceso que representa ingresos millonarios no para el Estado sino para los grupos que manejan la legalidad expedita de estos inmigrantes.

Aquí el racismo se excluye convenientemente.

Mientras no se discuta en este país, de manera abierta y clara, el problema de la raza, de las culturas dispares, de las minorías que históricamente fueron marginadas y siguen marginadas, de las desigualdades generalmente basadas no en la competencia sino en el racismo discreto de nuestra sociedad, la ocupación de espacios económicos por extranjeros mejor posesionados y la marginalidad de estamentos de población ya marginados, será explicado como resultado de su incapacidad, no por falta de educación (probable razón válida), sino de algo inherente a la misma población.

Cualquier explicación de esta naturaleza tendrá su carga de prejuicios pero será asumida como un hecho que proteja la inserción de grupos extranjeros que supuestamente vienen a invertir para el país, cuando la verdad será que invertirán para revertir capitales a sus países.

El Estado receptor debe dar protección a quien solicita la condición de refugiado y estudiar los hechos alegados por el solicitante.

Conceder dicha condición es potestad del Estado requerido, el que puede negar la petición, pero no está facultado para regresarlo al territorio en el que afirma ser perseguido.

El problema se presenta cuando se la niega y no se encuentra un tercer Estado que acepte recibirlo, bajo la premisa que le dará refugio seguro: es decir, bajo el compromiso de no regresarlo al Estado de origen de su alegada persecución.

Ante esta circunstancia, el Estado receptor debe mantenerlo en su territorio hasta que encuentre una solución que respete los derechos humanos del solicitante.

El "Non refoulement" permite rechazar la petición de refugio, si quien la hace representa un peligro para la seguridad del Estado requerido o si tiene antecedentes penales graves.

En todo caso, el solicitante debe tener oportunidad para explicar y probar sus alegaciones.

Sin embargo, el Estado no tiene la obligación de conceder derechos plenos de residencia en el país a quien solicita la condición de refugiado y en consecuencia, puede aplicarle restricciones, como el control de sus movimientos en el territorio.

Concedida dicha condición, ésta puede renunciarse en cualquier momento.

Cuando un extranjero decide trasladarse a Panamá con el objetivo de residir, lo usual es que lo haga acompañado de miembros de su familia: la esposa o el esposo, sus hijos, en algunos casos, los padres de ambos y no faltan quienes quieren traer a sus hermanos, con todas las familias de las que ellos forman parte.

En el Derecho Migratorio comparado hay limitaciones respecto a los miembros de la familia que un inmigrante puede incluir con su petición de Permiso de Residencia, ya sea temporal o permanente.

El derecho a residir con su cónyuge, así como con los hijos menores de ambos, se reconoce como un derecho humano.

Algunas legislaciones como la nuestra, permiten incluir a los padres de la pareja; otras, como la costarricense, la coreana y la suiza no lo aceptan.

Siempre que un residente permanente o temporal tenga a su familia amparada bajo su Permiso de Residencia, su derecho a la unidad familiar habrá que respetarlo.

Pero ¿qué ocurre si el residente comete un delito y es declarado culpable? Las legislaciones establecen que en dichos supuestos, el Estado de acogida puede expulsarlo, luego de que cumpla la sentencia impuesta y de acuerdo a una decisión adoptada conforme a Ley.

Sin embargo, nuestra legislación debe permitir que el ente migratorio tenga facultad discrecional para ordenar la expulsión de residentes que han cometido delitos, ya que al aplicar dicha sanción se interfiere con la vida familiar del afectado.

Como regla general, cada caso debe estudiarse de manera particular, atendiendo al interés del Estado, en conexión con el interés de la familia afectada.

La expulsión, por lo tanto, no puede ser automática, inmediata al cumplimiento de una sentencia, ni debe el juez ordenarla.

Esa decisión debe dejarse a la Dirección de Migración, sujeta a un proceso corto, en el que el afectado tenga posibilidad de oponerse a la medida y donde la autoridad migratoria evalúe las consecuencias de la expulsión, observe el tiempo de estadía de la familia afectada, su conducta, la edad de los hijos, la situación económica del cónyuge, las relaciones de la familia con la sociedad -vis à vis- el delito cometido.

No debe olvidarse que la persona sujeta a expulsión ya cumplió una pena y tiene una familia en que ella puede ser su principal medio de sustento.

La unidad familiar se rompe frente a la salida del país de quien cometió un delito.

¿Prima el interés de la normativa migratoria que contempla la expulsión, frente a la unidad familiar de quien ya cumplió una sentencia? En algunos casos sí, pero no en todos.

Como todo ser humano, el extranjero admitido a nuestro territorio tiene derecho a que se le reconozcan y respeten sus derechos humanos.

Incluso aquellos que ingresan irregularmente son sujetos de derechos consustanciales a su condición de personas.

Como regla general, los Estados no pueden discriminar a los extranjeros en cuanto al ejercicio de sus derechos humanos.

En relación con los "indocumentados", al ser detenidos por encontrarse sin documentos o por haber ingresado irregularmente al país o por tener vencido su Permiso de Residencia o su Visa de Turista, ellos tienen derecho a ser tratados con respeto, a ser informados de manera clara y en un idioma que comprendan sobre las razones de su detención, así como a utilizar los medios legales de defensa que consideren apropiados.

Además, debe procurarse que la privación de la libertad se cumpla dentro de instalaciones adecuadas a su condición de personas y que ésta no sea prolongada, de tal forma que el "indocumentado" o irregular salga del país lo antes posible o cumpla con los requisitos para permanecer legalmente.

En cuanto a los privados de libertad por violaciones a nuestra Ley migratoria, Panamá dedica importantes sumas de dinero en la deportación de los "indocumentados", sin la contribución económica de los Estados de origen de los afectados.

Convendría tener negociaciones, bajo el espíritu de la Iniciativa de Berna, a fin de acordar procedimientos que permitan a nuestro país disminuir dichos gastos, para dedicarlos a otros propósitos.

Incluso sugerimos prever medidas alternas a la custodia administrativa, que hagan posible destinar menos fondos públicos para las deportaciones.

Además del respeto a la vida y a su integridad física, todo extranjero, aún cuando debe tener Permiso de Trabajo, tiene derecho, como un nacional, a recibir la misma remuneración y tener las mismas condiciones de trabajo.

Este último derecho es frecuentemente violado, abusando de la condición migratoria del trabajador.

Paralelo a éste, el extranjero en situación regular o irregular tiene derecho a recibir atención médica, a acudir a nuestros tribunales, sin discriminación, y a recibir educación pública.

Por todo ello, se requiere controlar la inmigración, para que podamos respetar adecuadamente los derechos humanos de todas las personas que se encuentren bajo nuestra jurisdicción.

Cada Estado tiene poder para rechazar o admitir a los ciudadanos de otros países, de acuerdo a sus normas migratorias, pero sujeto a las limitaciones expuestas y conforme a las obligaciones que asume, cada vez que permite la entrada y permanencia de un no nacional.

(*) Ex Director Nacional de Migración y abogado