Panamá
Cámara de Comercio rechaza fondo especial de retiro para magistrados de la Corte
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
La CCIAP insta a las autoridades a dar marcha atrás a esta decisión y a alinear sus acciones con el clamor ciudadano.
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap). Foto: Archivo
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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechaza el Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024 mediante el cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) crea un fondo especial de compensación por retiro que garantiza a sus magistrados el 100% de su último salario y extiende privilegios similares a otras posiciones judiciales.
A través de un comunicado, la CCIAP expresó que el país se encuentra en un momento de poner la casa en orden, en el que se enfrentan decisiones difíciles pero necesarias.
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Para el gremio, este tipo de acciones no refuerza esa necesidad: la debilita, presentando ante la ciudadanía autoridades que priorizan el bien particular por encima del bien común.
Además, “el acuerdo viola el principio de igualdad ante la ley y se suma a un sistema de jubilaciones especiales que el propio Ministro de Economía y Finanzas ha calificado como una carga insostenible para las finanzas del Estado,” afirmó Juan Arias, presidente de la CCIAP.
Arias enfatizó que “la justicia si necesita recursos, pero para fortalecer su accionar. El Sistema de Administración de Justicia debe mejorar sus capacidades y ejecución, y servir de manera más eficiente, imparcial y oportuna a toda la ciudadanía, no para dar beneficios especiales a unos pocos.”
El presidente de la CCIAP advirtió que esta decisión se toma en un momento en que el país exige austeridad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
“Panamá no aguanta más endeudamiento ni gasto irresponsable. Los impuestos que pagamos los ciudadanos no son para alimentar privilegios, son recursos para atender las verdaderas necesidades del país", detalla Arias.
La CCIAP insta a las autoridades a dar marcha atrás a esta decisión y a alinear sus acciones con el clamor ciudadano por un manejo responsable y justo de los fondos públicos. Este tipo de medidas no fortalece un sistema sin privilegios; por el contrario, lo debilita y aleja al país de una justicia que sea realmente igual para todos.
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