Crean nuevas formas para lavar dinero en el sector comercio

A medida que los países son más eficientes y eficaces en la lucha contra el blanqueo del crimen organizado, asimismo, los delincuentes recurren a nuevos métodos, sobre todo en el lavado de activos basado en el comercio.

Esto fue confirmado por Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers en el Caribe, Bermudas y América Latina, quien dejó claro que se está usando el comercio internacional legal e ilegal para lavar dinero.

"Es una nueva de las tantas formas que más se están usando en este momento, donde los grupos de lavados encuentran determinados productos o commodities muy buenos, como pueden ser los cigarrillos, productos de aseo personal y alimentos, que se usan para lavar dinero", precisó.

Explicó, que se han dado casos de personas que buscan transportar una fuerte suma de dinero proveniente de temas de corrupción, narcotráfico, crimen organizado o trata de personas, y que para trasladarlas a otro país, compran productos de una forma muy simple y luego los trasladan y venden en otros lugares, sin respetar tasas ni impuestos aduaneros, lo que genera una gran utilidad muy fácil de vender en el mercado y recuperar la plata en el sistema financiero.

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El experto reiteró que hay que estar atentos, ya que a pesar de que muchos países han reforzado las medidas, las organizaciones criminales no se quedarán con los brazos cruzados y se pondrán más creativos en la búsqueda de nuevas alternativas.

Lo preocupante es que las nuevas estrategias pueden traer grandes problemas, ya que muchos de esos productos de contrabando vienen contaminados en los contenedores y bodegas, y pueden terminar en una tienda donde una ama de casa lo puede adquirir para su familia.

Se trata de un delito internacional, que pasa por varios países a medida que el producto se está moviendo. "A veces hay muchas trabas entre los países de cooperaciones y espacios como estos, y eso es lo que hay que empezar a generar para que la comunicación fluya", sostuvo Campos.

En este sentido, Humberto Brid, director de la Unidad de Análisis Financiero Panamá (AUF) resaltó que los riesgos más importantes en Panamá son el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado y los delitos financieros.

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Mientras que las áreas de riesgos son la Zona Libre de Colón (ZLC), el sector inmobiliario y abogados, que es lo que más se ha estado detectando con la nueva evaluación de riesgo, para la cual se está adiestrando al personal de los sujetos obligados, entre esos todos los de la ZLC.

Estas personas deberán notificar a la UAF, de encontrar algún indicio de operaciones sospechosas.

Medidas en la ZLC

Precisamente, Manuel Grimaldo, gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), explicó que en la zona franca más grande de la región cuentan con más de 2,650 claves de operaciones y ya han tomado medidas muy fuertes para fiscalizar a las empresas y evitar el comercio ilícito.

Grimaldo detalló que entre las medidas más fuertes se han dado instrucciones de bloquear todas las claves que no tienen el permiso especial de cigarrillo ni licor, y próximamente van a bloquear también las claves que no tengan el permiso de operaciones comerciales de fármacos.

Ello obedece, a una alerta sobre empresas que estaban haciendo traspasos u operaciones comerciales que no estaban autorizados y con la medida automáticamente quedan inhabilitados. Es decir, solamente podrían continuar con el movimiento comercial aquellas claves que tienen su permiso con el fin de controlar el comercio ilícito del tabaco y el licor.

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La ZLC es identificada como una zona de riesgo, pero Grimaldo informó que ellos solamente controlan la entrada y la responsabilidad de las salidas es de Aduanas.

"Tenemos 16 puertas pero tienen que trabajar en conjunto para tener una interconexión entre todas las zonas francas a futuro, lo que significa que por medio de un sistema se puede integrar a Panamá Pacífico con la zona franca de Tocumen para poder tener un mayor control y trabajar de una manera lícita en la ZLC", mencionó.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 23 del 27 de abril del 2015 o de las dictadas para su aplicación por parte de los respectivos organismos de supervisión de cada actividad, para las cuales no se establezca una sanción específica, será sancionada por ese solo hecho con multas de $5,000 a un millón de dólares, según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia, que impondrán los organismos de supervisión.