Despejar el horizonte de la deuda pública de Argentina, con densos nubarrones a la vista, se presenta como el desafío prioritario del presidente electo argentino, Alberto Fernández, que necesita aliviar las cargas financieras del país para tratar de reactivar su deprimida economía.

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Este es un desafío que Fernández, que asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre, ha reconocido durante la pasada campaña electoral: el abultado endeudamiento es el mayor condicionante para recuperar la actividad económica, por lo que es uno de los primeros temas que hay que resolver.

El asunto tiene su urgencia porque los compromisos financieros de Argentina para 2020 son abultados y de hecho este mismo año, el pasado agosto, el Gobierno del saliente presidente Mauricio Macri se vio obligado a diferir el pago de deudas a corto plazo para evitar una sangría mayor de reservas del Banco Central.

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Según Gabriel Torres, vicepresidente regional de Moody's, Fernández deberá lidiar con las "importantes dificultades crediticias" que mantienen la calificación soberana de Argentina en Caa2 (riesgo sustancial), "incluida la necesidad de reestructurar la deuda púbica, y deberá abordar al mismo tiempo graves desequilibrios fiscales con opciones limitadas de financiación".

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De acuerdo con diversos informes de consultoras privadas, Argentina deberá afrontar el próximo año vencimientos de capital e intereses por entre 40,200 y 63,700 millones de dólares, cálculos que difieren si se toman o no en cuenta las deudas no sólo con acreedores privados, sino también con organismos internacionales e instituciones del propio sector público argentino.

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