Empresarios en alerta ante la penalización de la defraudación fiscal
Según la diputada Zulay Rodríguez, la calificación de un delito lo realiza un tribunal de justicia, pero ahora el TAT, que a su juicio responde al Ejecutivo, calificará si existe o no.
Sector empresarial del país participará en la discusión en la Asamblea Nacional para insistir en varios puntos. Archivo
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gabinete el pasado viernes sobre la tipificación de la evasión fiscal como un delito penal ha generado dudas y hasta el rechazo de políticos y gremios empresariales de diferentes sectores.
A pesar de esto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio de la Guardia, afirma que la iniciativa tiene como objetivo proteger el centro financiero y servicios logísticos panameños para que no sean utilizados para llevar a cabo actividades ilícitas de evasión fiscal tanto en Panamá como en el extranjero.
Se trata del proyecto de ley que adiciona el Capítulo XII "Delitos contra la Hacienda Nacional", al título VII del Código Penal, que comprende los artículos 288-G, 288-H, 288-I, 288-J y 288-K y dicta otras disposiciones" y que será presentado en el próximo periodo de la Asamblea Nacional por el MEF.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicación del Estado, en el proyecto también se incluye la defraudación fiscal en el Código Penal, a fin de evitar que el sistema financiero sea usado para el blanqueo de dinero.
Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), ha manifestado que "en este país anteriormente el manejo de los temas fiscales se ha prestado para persecución política".
De igual forma opina la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez, quien vaticinó que se convertiría en un arma de persecución política y extorsión para perseguir a los opositores y adversarios.
En otras palabras, la diputada opina que con el proyecto lo que se pretende es imponer que los delitos tributarios o fiscales son precedentes de los delitos de lavados de activos.
En la iniciativa se estipulan sanciones de 2 a 5 años y multa de hasta 10 veces el importe defraudado a las personas que en beneficio propio o de un tercero, con la intención de defraudar a la Hacienda Nacional, simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo en parte los tributos.
Además se considerará defraudación fiscal cuando en un periodo fiscal el monto defraudado sea igual o superior a 300 mil dólares. Sin embargo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió aumentar el umbral monetario de 300 mil dólares a 500 mil dólares "o establecer que este umbral se ajuste periódicamente, sujeto a un índice o indicador, que pudiera ser, por ejemplo, la cantidad de veces del salario mínimo".
El sector empresarial ha estado analizando el proyecto durante los últimos cinco meses y hay varios puntos en los que no están de acuerdo como lo son el de precedente de lavado de dinero, la composición del tribunal, el límite de 300 mil dólares, etc.
Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), espera que se hayan tomado en cuenta las recomendaciones del sector privado al respecto.
"En cualquier caso participaremos activamente en su discusión en la Asamblea Nacional, donde insistiremos, entre otras cosas, en que en caso de aprobar el delito fiscal, el mismo no se constituya en precedente de lavado de dinero", detalló Sousa a Panamá América.