Gobierno ordena el cese de operación de Cobre Panamá

El Gobierno Nacional ordenó el cierre de las operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá tras el fracaso en la negociación de un nuevo acuerdo que modificaba la concesión a Minera Panamá, S.A. (MPSA) dentro del territorio nacional.

Mediante Resolución No.144-22, aprobada en un consejo de Gabinete extraordinario y publicada en Gaceta Oficial, el Estado Panameño toma el control del proyecto e instruyó al Ministerio de Comercio e Industria adoptar las medidas administrativas de conformidad con el Código de Recursos Minerales, con el propósito de ordenar a Minera Panamá, S.A., que establezca y ejecute un plan de preservación y gestión segura, lo que indica el cese de operaciones en el proyecto Cobre Panamá.

"La empresa no cumplió con los compromisos acordados en enero de 2022 para lograr un contrato razonable y satisfactorio", dijo el presidente Laurentino Cortizo.

La Resolución también ordena al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral intervenir para garantizar las fuentes de empleo, así como la protección de las prestaciones laborales de los trabajadores dentro del proyecto.

Este 14 de diciembre de 2022 venció el plazo para que MPSA y el Gobierno Nacional concretaran la firma del contrato, sobre la base del acuerdo alcanzado a principio de año, luego que el 22 de diciembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo que declaró inconstitucional el contrato de 1997.

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El proceso que inició el 1 de septiembre del 2021 con la designación por parte del Ejecutivo de un equipo de alto nivel, tenía como objetivo negociar con MPSA un nuevo contrato sobre sus operaciones en territorio nacional.

El planteamiento económico del Gobierno Nacional incluía un ingreso mínimo para el Estado de $375 millones anuales, cifra que supera diez veces lo recibido anteriormente.'

11

meses de negociaciones que no dieron frutos entre Minera Panamá S.A. y el Gobierno panameño.

10

mil millones de inversión en la construcción de la mina de cobre y más de 40 mil empleos.

Igualmente, se consideró mejoras en las condiciones laborales, protecciones más sólidas para el ambiente, y bienestar de las comunidades locales por medio de obras sociales.

No obstante, 11 meses después de que el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo anunció los supuestos acuerdos alcanzados y tras vencerse el plazo para la firma del contrato, First Quantum Minerals Ltd. emitió una declaración sobre el estado real de sus negociaciones con el Gobierno panameño donde aclaró que no había acuerdos en temas relacionados a las protecciones legales necesarias sobre terminación, estabilidad y arreglos de transición.

No obstante, Minera Panamá S.A. manifestó su intención de mantenerse en la mesa en busca de una solución en beneficio tanto para los inversionistas, como los empleados, las comunidades y el Estado.

La mina Cobre Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón, es la inversión privada más grande del país, con un aporte de un 3.5% al producto interno bruto (PIB) y más de 40 mil empleos directos e indirectos, destacó Tristan Pascall, director general. "Nuestro objetivo sigue siendo encontrar una resolución mutuamente aceptable, que creemos que es lo mejor para los intereses de todas las partes", puntualizó.

El paquete económico propuesto por MPSA convertiría a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de regalías e impuestos entre las grandes minas productoras de cobre en las Américas, indicó.

Agregó que dicho paquete económico fue pactado en casi todas las cláusulas e incorporó los acuerdos pactados a principios de este año, incluyendo el aporte de $375 millones en beneficios anuales con protecciones mutuamente acordadas. Minera Panamá S.A. consideró que su propuesta lograba los objetivos de ingresos del Gobierno y proporcionaba las condiciones necesarias para asegurar el futuro a largo plazo de la mina.

Durante los últimos 25 años, First Quantum y su predecesor han invertido al menos $10 mil millones para construir una de las minas de cobre más grandes, seguras y modernas del mundo.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró mediante un fallo del 21 de diciembre de 2017 inconstitucional la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá S.A. (MPSA).

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