Gobierno paga remanente del décimo a funcionarios

El pago del remanente de la primera partida del décimo a 275,738 funcionarios ya está en marcha, informó este lunes   el Gobierno Nacional.

Con este desembolso, el gobierno acata lo dictaminado recientemente por la Corte Suprema de Justicia en relación al tope salarial para el cálculo de esta bonificación.

En febrero pasado, el presidente Laurentino Cortizo ordenó que todas las instituciones públicas cumpliesen con este pago de acuerdo a su salario.

El primer desembolso se hizo el pasado 23 de febrero con la finalidad de apoyar a los padres de familia en los gastos relativos al inicio del año escolar 2024.

La decisión de equiparar el décimo fue tomada tras presentarse, ante el Pleno de la Corte, dos demandas de inconstitucionalidad contra los numerales 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 52 de 16 de mayo de 1974, “por la cual se instituye el XIII mes para los servidores públicos”, modificada por la Ley 133 de 31 de diciembre de 2013.

El abogado Martín Molina Rivera demandó los numerales 1 y 2 del artículo 1 de la mencionada ley que señalan que “para los servidores públicos que devengan un salario mensual hasta de 550 dólares mensuales se tomará como base la totalidad del sueldo del respectivo servidor público”, y que “los servidores públicos que devenguen un salario superior a los 550 dólares mensuales se les tomará como base únicamente esta suma”.

Por su parte, los abogados José Isabel Quintero, Víctor Castillo Ortega, Franchiska Kamani Ávila y Joel De León Quintero también interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el numeral 2.

Luego de analizadas las demandas, y al tratarse del mismo tema, el magistrado ponente, Olmedo Arrocha Osorio, decidió acumularlas a fin de sustanciar y fallar en una sola sentencia.

El Pleno, en las consideraciones de este fallo, afirmó que “los principios de igualdad y no discriminación son las piedras angulares del derecho internacional, y al mismo tiempo son los derechos humanos más ampliamente reconocidos y establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Previo al ajuste, el gobierno desembolsaba un aproximado de $56,075,786 millones de dólares en cada partida, con el cambio ese movimiento sería de $134,562,875 dólares por partida.

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