Iniciativa propone que se evalúe la continuidad o eliminación de los subsidios estatales

Los subsidios, una solución rápida a las necesidades de la población, se han ido multiplicando exponencialmente sin que exista un mecanismo para comprobar sus resultados; inclusive han dejado de ser temporales o transitorios para convertirse en obligaciones permanentes que ascienden a más de 20 millones de dólares, sin que haya una reducción significativa en los índices de pobreza. Por ello, se presentó en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca regular la creación y continuidad de estos beneficios. 

Según el diputado proponente, Alaín Cedeño, la carencia de un marco integral que demuestre la efectividad e impacto de estas medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos genera inequidad, ineficiencia y pérdida de los recursos fiscales; por eso, se recomienda que todo nuevo incentivo, subsidio o exoneración cumpla con un estudio de impacto fiscal, evaluación costo-beneficio y definición clara de metas y plazos. 

La iniciativa también ordena la creación de un Registro Nacional de Incentivos y Subsidios (Renis), bajo el auspicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de evaluar periódicamente la rentabilidad de estos incentivos. 

Dicho estudio permitirá modificar o eliminar los beneficios que, según el grupo, incumplan los objetivos para los cuales fueron creados, carezcan de justificación económica, generen distorsiones de mercado e inequidad y que requieran de una nueva evaluación para asegurar su asignación. 

“Las decisiones que se tomen por parte del Registro Nacional de Incentivos y Subsidios en lo que concierne al informe referente a la mantención, eliminación o modificación de los incentivos, subsidios, exoneraciones y demás serán basadas en el voto de la mayoría simple de sus miembros”, subraya el documento.

El Renis estará conformado por un representante de las siguientes entidades o colectivos: MEF, Órgano Legislativo, Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Contraloría General de la República, sociedad civil, sector privado y trabajadores, y se reunirá todos los años, de manera obligatoria. 

Los incentivos y exoneraciones deberán estudiarse cada tres años, mientras que los subsidios directos se analizarán anualmente para que el MEF en su informe de gastos tributarios incluya su costo fiscal e impacto socioeconómico.

Además, se habilitará un portal digital en el que se publicará el nombre y monto de los beneficiarios de cualquiera de estos incentivos y se abrirá un proceso de consulta pública para que la ciudadanía haga llegar al Renis sus consideraciones sobre la permanencia o no de los mismos.

Pendiente

El anteproyecto No. 253 aún no ha sido prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, pero de ser admitido, aprobado en tercer debate y sancionado por el Órgano Ejecutivo, entraría en vigencia seis meses después de su promulgación.