Interponen denuncia contra Minera Panamá y ministro Ramón Martínez

Una denuncia criminal contra el representante legal de Minera Panamá S.A., Philip Pascall y el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, así como sus predecesores, fue interpuesta por el abogado Donaldo Sousa para que se investigue el posible delito contra el ambiente.

Sousa, quien preside la Asociación de Derecho Ambiental, explicó que hay violaciones de las normas y estudios de impacto ambiental por parte de la empresa y que las autoridades del Ministerio de Ambiente y del Mici no han hecho nada.

"La denuncia es para evitar que se otorguen más concesiones mineras y se cierren las que existen por el daño causado a un país tan pequeño. No es recomendable hacer minería a cielo abierto, ya que es un crimen", resaltó Sousa.

De acuerdo con el abogado, los denunciantes han infringido los artículos siguientes de nuestro Código Penal: artículo 355, 356, 399, 414, 415 y 417.La violación a los artículos arriba señalados de Código Penal panameño, se configuran en el presente caso, al proceder todos los servidores públicos denunciados, Ministros y Administradores al no cumplir con el ordenamiento jurídico y las normas ambientales; pero sobre todo omitiendo cumplir con sus funciones de vigilancia y cumplimiento de las normas, conforme su competencia, de las normas nacionales ambientales, lo que ha permitido que se incumpla con las obligaciones de dicha empresa minera por muchos años, perjudicando gravemente el ambiente y a la comunidad.

"Con el fin de evitar los graves daños al ambiente y la vida de la nación y sus ciudadanos, ocasionado por las numerosas violaciones a las normas ambientales de la minera denunciada, solicitamos muy respetuosamente al Ministerio Publico, con carácter de urgencia ordenar la medida precautoria correspondiente de suspensión inmediata y definitiva de las actividades de la empresa minera denunciada", expresó el abogado en su denuncia.

Agregó que "todas estas actividades mineras ilícitas, contra el agua y el ambiente y la vida, deben ser suspendidas cuanto antes, de manera que se pueda preservar la integridad del orden jurídico y la tutela del medio ambiente y la calidad de vida digna de los panameños afectados directamente por las mismas, sobre todo considerando, el principio precautorio, en materia ambiental".

En la denuncia criminal presentada ante el Ministerio Público, también se solicitó que se condene a los denunciados al restablecimiento del daño ambiental, conforme lo estable el ordenamiento jurídico panameño e internacional y la indemnización de los daños y perjuicios, conforme lo establecen los artículos 1969 y siguientes del Libro Tercero de nuestro Código Judicial, que contempla la restauración e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible, manifestó el jurista.

Agregó que en el tiempo oportuno se aportarán las pruebas de los daños y perjuicios ambientales, económicos y morales, en particular, los daños ambientales señalados, por la operación ilícitas de la minera denunciada, que violenta totalmente las normas ambientales y de ordenamiento territorial del país.

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La mina de capital extranjero factura millones de dólares que no son retribuidos equitativamente para el país.

El contrato con esta minera establece que el Estado panameño solo recibiría el 2% de las ganancias y el resto de la riqueza sale del país.

A enero de 2021 en el país existían 14 concesiones minera metálicas aprobadas, donde cuatro de ellas están en operación: Vera Gold, S.A. con concesiones en la provincia de Veraguas de 141.67 y 110 hectáreas en el área de Cañazas; Minera Cerro Quema, S.A. operativa en un área de 63 hectáreas en el corregimiento de Flores, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos; Minera Cañazas con un área de 30 hectáreas en Nombre de Dios y Viento Río, distrito de Santa Isabel, provincia de Colón; y Minera Panamá, S.A en Donoso Colón.

El pasado 6 de mayo el Ministerio de Comercio e Industria con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició un proceso de consulta para analizar la actividad, iniciativa que es rechazada por organizaciones ambientalistas que señalan que esta industria trae más destrucción que beneficio económico para el país.

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La explotación de cobre - a cielo abierto- de Minera Panamá se encuentra en las montañas de la provincia de Colón. Se trata de una concesión de 13 mil hectáreas, en lo que fue una reserva ecológica protegida y parte del Corredor Biológico Mesoamericano.