La economía de Panamá decrecería este año un 2 por ciento según el Banco Mundial

De acuerdo con proyecciones del Banco Mundial, la economía de Panamá tendría un crecimiento negativo este año de 2% tomando en cuenta el impacto en  la crisis del coronavirus.

Indica el informe que para el 2021 se espera que Panamá crezca 4.2%  y para el 2022 un  4%.

El economista Olmedo Estrada indica que estas perspectivas del Banco Mundial se aplican  si esta crisis se para en un tiempo corto de dos o tres meses y el producto interno bruto del país en vez de crecer positivamente va a decrecer 2%, ya que son tres  o cuatro meses en que el país se va a detener de producir bienes y servcicios que es lo que alimenta el pib.

"Hablamos de que se va a paralizar entre un 70 y 80% de la producción nacional", dijo.

Estrada señaló que en los próximos ciuatro meses la producción nacional va a quedar reducida en un 20% y eso es lo que va a generar a final de año una disminución de un 2 y 3% del pib, siendo optimistas.

Además indica que para América Latina y el Caribe se espera un crecimiento negativo de 4.6%.

El estudio informa que durante los últimos cinco años, el desempeño económico de América Latina y el Caribe ha sido decepcionante, con tasas de crecimiento solo ligeramente positivas en promedio.

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"Mantener las tendencias del gasto social, las cuales habían sido posibles debido a los precios inusualmente altos de los productos primarios, se tornó cada vez más dificultoso y obligó a numerosos países a realizar dolorosos ajustes económicos".

Explica que en 2019, la agitación social estalló en toda la región, reflejando una brecha cada vez mayor entre las expectativas populares y las realidades económicas y sociales. Y posteriormente, a principios de 2020, los precios internacionales del petróleo colapsaron. En este contexto comienza el brote de la COVID-19.

"Los países de América Latina y el Caribe tienen una extensa historia de shocks adversos severos, que incluyen fuertes caídas en los precios de los productos primarios, un endurecimiento drástico de las condiciones financieras y grandes desastres naturales".

El entorno externo actual de la región guarda algunas semejanzas con dicha historia, lo que implica que la experiencia
previa será muy valiosa. Pero la epidemia de COVID-19 añade una nueva dimensión, ya que las medidas necesarias para contener el brote de la epidemia también dan como resultado un gran shock de oferta.

Indica que los países de América Latina y el Caribe no tienen el espacio fiscal del que gozan las economías avanzadas para hacer frente a la crisis. Algunos ya afrontaban crisis antes del brote de COVID-19. Las economías de la región también se caracterizan por mayores niveles de informalidad, lo que hace que sea mucho más difícil llegar hasta sus empresas y hogares por medio de mecanismos como el aplazamiento del pago de impuestos y las subvenciones salariales. Con recursos limitados e instrumentos condicionados, un diseño adecuado a la respuesta política adquiere una relevancia crucial.

Las dificultades de la crisis serán enormes para grandes segmentos de la población. Muchos hogares viven al día y no disponen de los recursos para poder afrontar los confinamientos y las cuarentenas necesarias para contener la propagación de la epidemia. Muchos trabajadores trabajan por cuenta propia, y la informalidad es común incluso entre los asalariados.

Llegar hasta estos trabajadores por medio de transferencias es más difícil que en economías formalizadas.

Muchos hogares también dependen de las remesas, que están colapsando a medida que la actividad se paraliza en los países de acogida, donde los trabajadores migrantes se encuentran entre los más afectados.

Vale la pena considerar un enfoque dual para proteger el empleo. Las empresas y sectores estratégicamente importantes podrían recibir apoyo explícito, a cambio del compromiso de mantener a sus trabajadores. Las empresas más pequeñas pueden ser asesoradas y evaluadas por bancos u otros intermediarios. Estas instituciones financieras podrían recibir incentivos en
forma de riesgos compartidos y garantías, para que garanticen la disponibilidad de liquidez en un contexto de crecientes necesidades de capital de trabajo.

Cuando el sector financiero experimentó problemas de solvencia en crisis pasadas, las pérdidas de empleos fueron mucho más importantes y la recuperación posterior se vio obstaculizada seriamente. Lamentablemente, en el contexto actual no se puede descartar el riesgo de una crisis financiera.

En general, el sector financiero se encuentra en una posición relativamente fuerte. Pero la magnitud de los shocks no tiene precedentes. A nivel internacional, la región está sufriendo salidas de capital más cuantiosas que las ocurridas en el momento de la crisis financiera mundial de 2008.

A nivel nacional, muchos deudores solicitarán una renegociación, o simplemente declararán el impago, al no poder cumplir con sus obligaciones.

En este contexto, proteger las cadenas de pago es fundamental. Pero incluso con un buen funcionamiento de las infraestructuras de mercado, los gobiernos desempeñan un papel muy importante como coordinadores. Las garantías generales por adelantado para depósitos bancarios pueden ayudar a mantener la confianza del público.

Es posible que sea necesario simplificar la reestructuración de la deuda extrajudicial, proporcionar orientación sobre medidas de alivio regulatorio y fortalecer el marco de resolución de situaciones de stress en la banca.

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