‘La visión del Panamá minero’

A juicio de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), gremio que aglutina a las empresas mineras no metálicas, además de las compañías de extracción de recursos metálicos, en el país existen al menos 12 yacimientos de cobre y oro importantes.

La noticia no cae bien o no es muy asimilada por los grupos ambientalistas e incluso por los del sector del turismo, que no conciben que Panamá, teniendo el Canal interoceánico y un potencial turístico que desarrollar, sea sometida a una estrategia de progreso como país, que incluye el insertar unas 12 minas en su territorio, las que además podrían ser a “tajo abierto”.

Más allá de esto, la CAMIPA afirma que en el polémico Cerro Colorado (Comarca Ngöbe Buglé) existen al menos 38 mil millones de libras de cobre; en Donoso, Colón, en el yacimiento de Molejón, unas 11 mil millones de libras de cobre, y en cerro Chorcha en Chiriquí, otros 2 mil millones de libras de cobre, reiteraron los números que mostró Zorel Morales, director Ejecutivo de ese gremio privado.

En tanto, para la líder ambientalista Raisa Banfield, este panorama minero es un espejismo. Esto explica por qué “Panamá es un país intercomunicado por muchos ríos, y un posible derrame de estas minas afectaría y se regaría por todo el país”.

En el día a día de hoy, lo que sí es bien conocido que grupos de campesinos, como el que lidera Pedro Camargo, en Donoso, Colón, reclaman a las autoridades que más que ser promotores de la minería, sean vigilantes, como lo son de las demás industrias.

En ese sector, casualmente, está una de las minas identificadas por la CAMIPA como importante, la que explota Petaquilla Gold S.A., donde existe una reserva de un millón onzas de oro.

Hablando de oro, el inventario de la CAMIPA incluye a Cerro Quema en Azuero con 500 mil millones onzas de oro; a este se suma Santa Rosa, del mismo sector, que ya vivió un capítulo de cierre inadecuado de una mina, con 400 mil onzas de oro.

Según las estadísticas del gremio minero, en Panamá habría minas de cobre valoradas en más de 200 mil millones de dólares, y de oro, por más de 2,000 millones de dólares, las que la empresa privada estaría interesada en explotar. Al menos así era, hasta antes de la reforma al Código de Recursos Minerales.