En el caso de Panamá, esto significa que se requiere contratar préstamos internacionales en dólares para inyectarlos al sistema económico. A la fecha el Gobierno ha contratado un 11% del Producto Interno Bruto (PIB) en nuevos recursos.
La situación obliga al gobierno a modificar los topes del déficit fiscal del Sector Público no Financiero .
Con el propósito de enfrentar los efectos sanitarios y económicos del Covid-19, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó ante la Asamblea Nacional, el Proyecto que modifica un artículo de la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Fiscal.
La citada ley en su artículo 2, sobre objetivos específicos, establece en su numeral 2, el requerimiento de fijar límites al crecimiento de la deuda y el déficit para el Sector Público No Financiero.
Ante los efectos negativos en el bienestar económico de los países a nivel mundial, los organismos de crédito multilateral han urgido a los gobiernos a inyectar liquidez en sus economías.
En el caso de Panamá, esto significa que se requiere contratar préstamos internacionales en dólares para inyectarlos al sistema económico. A la fecha el Gobierno ha contratado un 11% del Producto Interno Bruto (PIB) en nuevos recursos.
La situación a nivel mundial, que en Panamá provoca la disminución de la actividad económica, así como la caída de los ingresos fiscales corrientes, en un mundo en el que aún no hay certeza de contar con una vacuna segura contra el Covid-19, obliga al gobierno a modificar los topes del déficit fiscal del Sector Público no Financiero de la siguiente manera:
Para el año 2020 entre 9% y 10.5%, en el 2021 entre 7% y 7.5%. Luego bajaría en el 2022 a 4%, asimismo en el 2023 a 2% y para el 2024 el tope se mantendría en 2%, mientras que en 2025 estima que se ubicará en 1.5%.
Como se observa, el MEF proyecta que para 2023, 2024 y 2025 el déficit volverá a los niveles establecidos con anterioridad a la crisis que ha provocado la pandemia mundial, y que se fortalecerán nuevamente los fundamentos económicos del país, permitiendo así la sostenibilidad de la deuda pública.
Cuando se inició la pandemia el gobierno diseñó y puso en marcha una nueva estrategia financiera para contratar el financiamiento requerido para viabilizar el Presupuesto General del Estado.
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Esta estrategia requería la suma de $2,213.7 millones, para cubrir el déficit fiscal del año, así como $1,730 millones para pagar las amortizaciones.
A medida que evolucionó la disminución en la recaudación de ingreso, la nueva estrategia financiera incorporó la contratación de nuevos créditos externos para cubrir la caída de los ingresos, los cuales al mes de septiembre totalizaban $1,795.2 millones.
De no contarse con estos créditos adicionales, no es posible mantener el monto original del Presupuesto General del Estado para la Vigencia 2020, indicó el MEF en un comunicado.
La urgencia de mantener el monto original del Presupuesto General del Estado tiene como objetivo mantener el nivel de gasto en la economía y de esta manera no afectar, adicionalmente, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) para el año.
Además, es importante sostener el monto del presupuesto original para mantener los niveles de los programas de subsidios a las personas, hogares y la Caja de Seguro Social por un valor de $1,651.1 millones.
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