MEF y empresarios en desacuerdo por proyecto que penaliza la evasión fiscal
Elevar el monto de defraudación de $300,000 a $500,000 “no demuestra seriedad en combatir el blanqueo de capitales”, según el Ministerio de Economía y Finanzas
Panamá está siendo el último país en actuar y quieren salir del patrón internacional con las reglas a la medida
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reaccionó ayer a la solicitud de la Cámara de Comercio, Industrisas y Agricultura de Panamá (CCIAP), de elevar el monto de defraudación de $300,000 a $500,000 para que sea constituido como delito de defraudación fiscal y aseguró que tal monto “no demuestra seriedad en combatir el blanqueo de capitales”.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional propone que el umbral para constituir delito de defraudación fiscal sea de $300,000, mientras que en otros países se establecen montos más bajos.
En un comunicado la tarde de ayer, el MEF, insto a considerar todos los esfuerzos que como Gobierno y sector privado se han invertido en buscar un documento robusto.
Sobre los puntos que los empresarios les gustaría que sean modificados, el MEF, advirtió que debilitarían el proyecto de ley a tal punto que ya el objetivo de la misma se perdería.
“Existen pocas diferencias de opinión entre lo que los gremios esperan, pero consideramos que la ley que busca criminalizar la evasión fiscal, promueve la transparencia que es fundamental para elevar la institucionalidad”, destacó en el comunicado.
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El Ministerio de Economía y Finanzas reiteró que la propuesta presentada y aprobada por el Ejecutivo, a finales de 2017, ha sido ampliamente debatida, por más de un año y cuatro meses antes de ser presentada al Consejo de Gabinete en 2017; y nueve meses después de su presentación, durante el año 2018.
Consideran que ahora lo que toca es que la Asamblea Nacional de Diputados tome la decisión en base a los intereses de los panameños.
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Además señalan que Panamá está siendo el último país en actuar y quieren salir del patrón internacional con las reglas a la medida. “Se debe cuestionar si el sector privado local está dispuesto a arriesgar el bienestar de nuestro sistema financiero y monetario con aprobar leyes que demuestran un total desprecio a las normas internacionales para prevenir blanqueo de capitales”, indicó la entidad.