Minera Panamá finaliza estudio de impacto ambiental para proyecto

Dentro de los próximos dos meses, Minera Panamá entregará a las autoridades correspondientes el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Categoría 3, para el desarrollo de una mina de cobre en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

Así lo dio a conocer la gerente de Comunicación de Minera Panamá, Marie Louise Belanger, quien manifestó que actualmente se encuentran revisando el documento elaborado por la consultora Golder Associates.

La empresa panameña, subsidiaria de la compañía canadiense INMENT Mining, estima invertir aproximadamente unos 4 mil millones de dólares en la construcción de este proyecto, que se iniciará en el 2011.

El proyecto abarca 5,900 hectáreas de las 13 mil que componen la concesión minera y estará conectado por una carretera de acceso al área de la costa atlántica de Río Caimito.

Etapas.
La iniciativa consta de cuatro fases: exploración, construcción, producción y cierre y poscierre. Actualmente, se está en la etapa de exploración.

Esta primera fase tiene una duración de 1 a 3 años e incluye la preparación de plataformas y perforación, evaluación del recurso mineral, EIA, diseño de ingeniería, análisis económico y de factibilidad y trámites y permisos.

La fase de construcción tiene una duración de 4 a 5 años y en ella se darán construcciones simultáneas, el desarrollo del puerto y ruta para transporte de materiales de construcción hacia la mina.

Luego viene la fase de producción, que consiste en la extracción y procesamiento del mineral, monitoreo comunitario, sistema de gestión ambiental y planes de biodiversidad.

Una última etapa consiste en el cierre y el poscierre que tiene una duración mínima de 5 años e incluye la rehabilitación del espacio utilizado y programas de monitoreo del poscierre.

La empresa reforestará 3,100 hectáreas en la zona del proyecto para contrarrestar el impacto de las 2,800 hectáreas que se afectarán. Adicional, reforestarán 5,600 hectáreas fuera del proyecto, para lo cual se encuentran estudiando las alternativas.

Actualidad.
Recientemente, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, sancionó la ley 30 o mejor conocida como “ley chorizo”, que estipulaba algunos cambios en materia ambiental.

Uno de ellos es que en el Artículo 2 de la Ley 41 de 1998 se agregaba el término: Guías de Buenas Prácticas Ambientales, que es el conjunto de políticas generales y específicas que complementan las regulaciones ambientales vigentes referentes a acciones de prevención, corrección y/o compensación que los promotores de un proyecto, obra o actividad de desarrollo implementen, a fin de promover la protección y prevenir los daños en los factores ambientales. Forman parte del sistema de gestión ambiental.

Otro de los cambios radica en la adición al artículo 23-A de la Ley 41 de 1998, de que las actividades, obras o proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental podrán acogerse a las Guías de Buenas Prácticas Ambientales que les sean aplicables, siempre que hayan sido aprobadas por el Órgano Ejecutivo. Previa a su aprobación, las Guías de Buenas Prácticas Ambientales deberán ser sometidas al proceso de participación, mediante la modalidad de consulta pública, que consiste en el acto mediante el cual la entidad pone a disposición del público en general información base sobre un tema específico y solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los ciudadanos u organizaciones sociales.

En este sentido, representantes de la empresa expresaron que ellos ya cuentan con su debido EIA.